Salvar Agaete: «Fred Olsen y autoridades mintieron sobre el ferry encallado»

La Plataforma Salvar Agaete considera que Fred Olsen, el Ayuntamiento de la localidad grancanaria y el ente Puertos Canarios «mintieron sobre la contaminación tras el accidente del ferry» de la referida naviera que encalló en aguas de ese municipio y que lo ocurrido debe ser investigado por la fiscalía, según ha anunciado este sábado.

Un informe que contradice la decisión de que María del Carmen del Rosario, alcaldesa de Agaete, junto a Juan Ignacio Liaño, director de Flota de Fred Olsen, abriera al baño las playas del municipio alegando la inexistencia de contaminación por hidrocarburos justifica su acusación, asegura en un comunicado el colectivo.

Se trata, según afirma, de un informe encargado por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno Autónomo al que ha tenido acceso y que, basándose en análisis de la zona efectuados en los días posteriores a la recuperación del barco encallado, señala que «el puerto de Agaete muestra una alta concentración de sedimentos contaminados por hidrocarburos, con valores que indican que el sedimento se debe considerar como peligroso según la legislación española».

La plataforma subraya que, de hecho, dicho informe recomienda «la prohibición estricta de pesca en los entornos del puerto mientras se evalúa el alcance real de la contaminación«.

Y sostiene que «la decisión de abrir las playas no es la única que contradice los resultados del informe», porque este respalda la tesis de que, «tal y como denunció Salvar Agaete, las técnicas utilizadas de dispersión mecánica y química no fueron las adecuadas para eliminar la contaminación producto del vertido».

Al respecto, indica que el documento recoge que «los altos valores de contaminación en Agaete hayan venido forzados por el proceso de dispersión mecánica y el uso de dispersantes químicos«.

La nota concluye que, «por todo ello, la plataforma Salvar Agaete considera gravísima la irresponsabilidad política de las distintas instituciones involucradas y de la empresa Fred Olsen«, a las que acusa de actuar »tergiversando la información, banalizando el alcance del derrame, negando la existencia de contaminación y poniendo en riesgo la salud de las personas y amenazando uno de los ecosistemas más importantes y frágiles de las islas«.

Desde ese planteamiento, exige la publicación de los informes que justificaron la apertura de las zonas de baño, hacer «un estudio minucioso que determine el estado de contaminación de la zona afectada» y tomar medidas para eliminarla, así como que la fiscalía investigue «las irregularidades y responsabilidades cometidas en la gestión del derrame», a su entender.