Mogán apuesta por el modelo de vivienda asequible incentivada para construir 197 casas en Puerto Rico

El Ayuntamiento de Mogán ha cambiado el derecho de superficie como modelo de cabecera para promover vivienda pública en el municipio por el de vivienda asequible incentivada, una fórmula que se aplicará en Motor Grande (Puerto Rico) y que garantiza 10 años de alquiler protegido con derecho a opción de compra. Eso sí, llegado ese momento, el precio de venta será un 25% superior al que para entonces tengan en el mercado las viviendas de protección oficial (VPO).

En principio, el Ayuntamiento dispone de dos solares en esta zona que podrán ser desarrollados, con esas condiciones, por promotores privados, lo que permitirá la construcción de 197 viviendas con trasteros y garajes. Entre los requisitos que habrán de tener los aspirantes a habitarlas figura percibir unos ingresos mensuales de entre 1.200 y 4.500 euros por unidad familiar. Pasados los 10 años abonando un alquiler ajustado a los valores de la VPO, tendrán derecho a comprar la vivienda, a un precio que se estima, según el gobierno municipal, entre 170.000 y 180.000 euros, una cantidad, advierte, 90.000 euros inferior al precio de mercado de esa zona.

El gobierno local aprobó este viernes en el pleno municipal, con carácter provisional, el expediente que determinará esta nueva forma de gestión, que la alcaldesa, Onalia Bueno, defiende como necesaria para desbloquear la construcción de vivienda pública en Mogán. La regidora recordó que el ejecutivo había apostado inicialmente por el modelo de los derechos de superficie, pero que quedó desierto al no resultar rentable para los promotores. En todo caso, advirtió de que este nuevo modelo, en el que, en parte, se incorpora también la fórmula del derecho de superficie, solo se aplicará en Puerto Rico. La intención municipal pasa por asumir de forma directa las promociones anunciadas y previstas en Veneguera y El Horno.

La alcaldesa explicó que, transcurridos los 10 años, será el Ayuntamiento el que venderá las viviendas: el 95% del dinero resultante de la operación irá a parar a la promotora y el 5% restante pasará a las arcas públicas. Los técnicos municipales estiman el retorno en 2 millones de euros.

Las ventajas que le ve el gobierno a este modelo chocan frontalmente con la posición de la oposición, que lo rechaza por considerar que pone el acento en garantizar la rentabilidad empresarial y no el derecho a la vivienda. En todo caso, se abstuvieron en la votación dado que ahora el expediente entra en fase de recibir alegaciones y confían en modificar las condiciones que ven más lesivas.

El más duro contra la propuesta fue el portavoz de NC, Juan Manuel Gabella, que calificó esta fórmula de «insuficiente» y «profundamente desequilibrada» y una manifestación de la «visión especulativa» de la alcaldesa sobre los asuntos públicos. Entiende que el Ayuntamiento recurre a un modelo que «vuelve a poner los intereses privados por delante de los vecinos». Gabella insistió en que no puede dejarse en manos de empresas derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por su parte, Artemi Artiles, portavoz del PSOE, mostró sus reticencias por este sistema en la medida en que supondrá que los supuestos beneficiarios tendrán que asumir un alquiler medio de unos 580 euros, a los que habría que añadir los gastos de comunidad, tasas, seguros y suministros, una cuantía que no facilitaría precisamente la economía de una familia media.

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