10 mayores dependientes se quedarán sin hogar con el cierre de Monte Blanco
El Gobierno canario ordena el desalojo de la residencia de Tafira sin ofrecerle una alternativa. El dueño pide más tiempo para realizar las reformas o mudarse
El Hogar de Mayores Monte Blanco, sito en Tafira Alta, ha solicitado a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias un aplazamiento de la orden de cierre y desalojo que pesa sobre esta residencia para llevar a cabo las reformas que precisa o buscar un inmueble alternativo para el traslado.
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Pablo Cabrera, el propietario de la residencia, de apenas 15 plazas de las que solo 10 están ocupadas, lamenta «el poco margen de tiempo» que ese departamento del Gobierno canario les ha dado para realizar las reformas o proceder al cierre del centro sociosanitario por incumplir la nueva normativa.
Las reformas precisas para seguir abierto «no se pueden hacer con los usuarios dentro», explica Cabrera, y la Consejería de Derechos Sociales «no se hace cargo del traslado» de los mayores dependientes que acoge el centro a otras instalaciones.
Los 15 días que, por último, les han dado para proceder al cierre y realojo de los mayores que acoge vencieron este martes y los usuarios, familiares y trabajadores temen que la orden se ejecute en cualquier momento dejando a mayores dependientes en la calle y a media docena de trabajadores sin empleo.
Abierta hace menos de siete años, el Hogar Monte Blanco ofrece precios por la atención 24 horas que oscilan entre 1.500 y 1.700 euros mensuales, en función del grado de dependencia del usuario, cuando ese coste en residencias privadas no baja de 2.000 euros.
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Ana Solsona Barrera, hija de Emilia Barrera Ruiz, una de las usuarias del centro que tiene 96 años de edad y utiliza silla de ruedas, se muestra indignada porque Derechos Sociales no ofrezca soluciones alternativas al cierre y desalojo. «¿Dónde piensan reubicar a los ancianos que aquí se encuentran?», pregunta.
Más que una residencia de ancianos, Monte Blanco es un hogar sito en una edificación antigua que incumple la normativa de este tipo de instalaciones porque sus pasillos son estrechos y debe tener un baño más por planta, entre otras carencias.
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Desde agosto de 2022 viene siendo advertido de estas circunstancias por los inspectores de la Consejería de Derechos Sociales pero ejecutar las obras precisas «es inviable con los usuarios dentro» y para las familias de las personas mayores que atiende «no es fácil encontrar hueco en otro centro».
Por eso propietarios, trabajadores, usuarios y familiares piden al Gobierno canario «una solución en breve» que despeje el negro futuro que se cierne sobre todos ellos si se ejecuta el cierre.
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