Caso Valka: los 18 contratos de Parques y Jardines bajo la lupa del fiscal
La Fiscalía revisa las adjudicaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante la relación societaria y prestataria entre el empresario Felipe Guerra y el funcionario Miguel Padrón
El número de contratos adjudicados al empresario Felipe Guerra por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, durante el periodo en el que estuvo vigente su vínculo societario con el funcionario Miguel Ángel Padrón -exjefe de Parques y Jardines- y en tanto estuvo vivo el préstamo concedido por el empresario, se eleva a dieciocho, según se desprende de la investigación abierta en el caso Valka, que trata de aclarar si en el seno del Ayuntamiento funcionó una supuesta trama corrupta en las áreas de Urbanismo y Parques y Jardines.
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De los dieciocho contratos rastreados, trece fueron menores -no llegan a 40.000 euros por obras o 15.000 euros por servicios o suministros- y cinco superan esas cantidades.
En el escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, a mitad de septiembre, por parte del fiscal Javier Ródenas, en el que solicita que se interese la declaración de Felipe Guerra y Miguel Ángel Padrón como investigados por dos nuevos delitos -cohecho y blanqueo de capitales-, se hace un repaso por las adjudicaciones de concursos públicos y encargos hechos desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la empresa Guerra Patrimonial FGG durante la vigencia de la relación societaria y prestataria, no declaradas en los procesos de licitación pública, entre el empresario y el alto funcionario.
El fiscal Ródenas entiende que el préstamo fue «una forma de obtener un trato preferencia (en favor de Felipe Guerra) en los procesos de licitación pública que giran bajo la órbita de su socio, amigo y deudor (Padrón) para garantizarse su adjudicación, su celeridad en la aprobación de sus certificaciones de obra y pagos de suministros».
Por eso, se solicitó añadir la imputación de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales a los dos investigados, sobre los que ya pesaba la atribución de la supuesta comisión de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.
«No podemos despreciar el hecho objetivo acreditado por la documentación administrativa incorporada a las actuaciones por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de la cantidad de contratos cuya empresa adjudicataria es Guerra Patrimonial FGG en el periodo de tiempo en que los investigados son socios mancomunados de Esvertical y en el que está vigente el contrato de préstamo por importe de 430.000 euros entre Guerra Patrimonial FGG y Miguel Ángel Padrón», detalla el fiscal en el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
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Los dieciocho contratos que repasa el Ministerio Fiscal entran dentro del periodo en el que Padrón y Guerra mantuvieron activa la empresa Esvertical, que estuvo operativa entre octubre de 2014 y 2021.
La mayoría, los trece contratos menores, son adjudicaciones directas de una cuantía reducida, con facturas que oscilaron entre los 180 euros y los 648 euros. El único contrato que se sale de este baremo fue el de una obra en el barrio de San Roque, en concreto, el acondicionamiento de un espacio libre en la calle Farnesio. Este proyecto, que venía de los presupuestos participativos de 2019, fue adjudicado en junio de 2020 por un importe de 9.345,79 euros.
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El Ayuntamiento no realizó adjudicación alguna a Esvertical, pero la investigación abierta en el caso Valka sí detecta, al menos, dieciocho encargos a la empresa del socio del exjefe de Parques y jardines durante el periodo en que los dos investigados mantuvieron su relación en Esvertical.
La existencia de una relación societaria entre Padrón y Guerra sin que se hubiera aprobado el régimen de compatibilidades por parte del Pleno, llevó al Consistorio a dictar una suspensión de empleo y sueldo del exjefe de parques y Jardines por un plazo de tres años.
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En cuanto al periodo de vigencia del préstamo concedido por Felipe Guerra a Miguel Ángel Padrón para la construcción de un edificio de apartamentos turísticos en La Palma, entre mayo de 2019 y marzo de 2020, son dos los contratos que coinciden en el tiempo con el periodo de vigencia del crédito: uno menor, de 180 euros para la reparación del tomadero 2 del parque de La Mayordomía; y otro de suministro de agua en tomaderos del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya por valor de 750.000 euros.
Este último es un servicio que Guerra Patrimonial FGG lleva prestando, al menos desde 2016. Cada adjudicación se realiza por un plazo de tres años. El primer contrato al que hace referencia la Fiscalía es el 456/13C para el periodo 2016-2020. A ese le siguió el 220/19C, que se adjudicó por un importe de 750.000 euros y que se firmó el 26 de diciembre de 2019.
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«La actividad delictiva en este caso es el presunto soborno (cohecho activo) que el empresario investigado cometería al ofrecer (y transferir) los 430.000 euros para influir en la adjudicación de los concursos públicos (220/19C)», expone el Ministerio Fiscal, «el contrato de préstamo aparece configurado con el propósito criminal de ser el acto de ocultación. Ambos investigados utilizarían un instrumento financiero con apariencia legal para encubrir la verdadera naturaleza del dinero: un soborno».
Y, por tercera vez, el servicio fue encargado a Guerra Patrimonial FGG en abril de 2024, también por 750.000 euros, aunque este último contrato (373/23C) no está en el listado de adjudicaciones que se incluyen en la documentación del caso Valka.
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También se le adjudicó por tres veces consecutivas a Guerra Patrimonial FGG el contrato de suministro de agua de riego para los jardines de los barrios de Tamaraceite-San Lorenzo-La Galera por 468.000 euros en cada una de las adjudicaciones: la de 2012-2016; la de 2016-202; y la de 2021-2024.
«La relación societaria en Esvertical, el préstamo de 430.000 euros y la adjudicación de contratos públicos a Guerra Patrimonial FGG son hechos que no pueden ser desatendidos en una instrucción penal por delitos contra la Administración Pública y blanqueo de capitales», indicó el fiscal Javier Ródenas.
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En el caso Valka, aparte de Guerra y Padrón, también están siendo investigados el excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién; la exgerente de Geursa, Marina Más; el jefe de la oficina técnica de Obras de Geursa, Carlos Cabrera; y Luis Manuel Pérez Cañón, asesor jurídico de Geursa.
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