Los trastos se acumulan semanas en algunas calles de la periferia de la capital

En barrios como San Francisco hay un cúmulo de trastos -desde un carrito de la compra hasta un sofá desvencijado- desde hace dos semanas; en Miller Bajo, en las inmediaciones del centro de salud, hasta ocho bolsas de escombros llevan casi el mismo tiempo tirados; y en algunos callejones de San José, la escoba solo se deja ver una vez a la semana. Estas situaciones son las que denuncian los trabajadores del servicio municipal de Limpieza, cansados de que la falta de personal se cubra con una política de contratación que empuja a los empleados a los tribunales y con el recurso a las horas extraordinarias, que se aplican como «un parcheo» que no remedia la situación.

Los representantes de los comités de empresa de Limpieza Viaria, Recogida de Residuos y Servicios Especiales volvieron a reunirse este viernes para denunciar el gasto de un dinero público que se podría ahorrar si, en su opinión, se activara la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y se consiguiera sumar nuevas remesas de trabajadores hasta alcanzar el objetivo de los 1.087 empleados en cuatro años.

Para ello, centran el foco en dos partidas que han ido creciendo en los últimos años: por un lado, la de las horas extra del personal laboral, que se incrementó un 54,8% en 2020 al pasar de 331.416,47 euros a 512.922,41 euros, y, por otra parte, la de la previsión para el pago de sentencias, que evolucionó de los 249.425,55 euros en 2019 a los 2,49 millones de euros en este año, lo que supone multiplicarla por diez.

El presidente del comité de empresa de Recogida, Pedro Vega, aseguró que «pese a que cada año aumenta el presupuesto, eso no se refleja en el servicio ni en la atención al ciudadano».

El portavoz de Limpieza Viaria, Marcos García, considera «una barbaridad» que se aumente el dinero para estas partidas y que no tenga repercusión alguna en el servicio que se presta a los ciudadanos.

Las dos últimas contrataciones masivas impulsadas por el Ayuntamiento acabaron en los juzgados. La primera fue la del grupo de los 138 empleados que hubo que readmitir porque su despido fue declarado nulo. Para pagarles el año entero de salarios que dejaron de percibir, el Ayuntamiento reservó 3,29 millones de euros, aunque todavía no se ha abonado, según denunciaron los sindicatos.

El segundo fue el grupo de los 187 cuyo despido en enero está pendiente de resolución en los tribunales de justicia.

Los representantes de los trabajadores del servicio de Limpieza expusieron ayer su situación a las concejalas María Amador y Rosa Viera, del PP; la portavoz municipal de Ciudadanos, Lidia Cáceres; y el edil de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, David Suárez.

A la vista de la exposición de los trabajadores, Amador denunció la existencia de «un despilfarro derivado de la mala gestión» y acusó a la responsable de Limpieza, Inmaculada Medina, de estar «tirando el dinero público».

Por su parte, Cáceres denunció la gestión del tripartito. «Con los tres millones de euros (de horas extra y pago de sentencias) se podría tener la ciudad como una patena», expuso, «no hay gestión».

Para David Suárez, «las sentencias desangran el servicio de Limpieza». Criticó a Medina, «que vino como una salvadora por el desastre de Podemos y en un año lo ha empeorado todavía más». En su opinión, «seguir derivando los conflictos a los juzgados evidencia el ninguneo que caracteriza a su política de imposiciones».