Matías Martínez: «No podemos saber si el solicitante es un delincuente sexual»

El hecho de que una persona como Yino Alemán, investigado en dos causas por delitos contra la indemnidad sexual a menores de 16 años, agresiones sexuales o inducción a la prostitución, haya tramitado con éxito un cambio registral de sexo, por lo que ahora figura como mujer, abre nuevamente el debate sobre la presunta utilización fraudulenta de la Ley Trans por hombres que quieren cambiar de sexo para posibles beneficios judiciales o, en este caso, penitenciarios.

En su momento, el magistrado Matías Martínez Gómez, titular del Juzgado de Primera Instancia 5 de San Bartolomé de Tirajana, fue noticia al rechazar cerca de una decena de solicitudes de cambio de sexo registral cuando era responsable del Registro Civil sureño y ahora, al conocer la situación de Yino Alemán, sigue alertando de un deficiente funcionamiento de este procedimiento.

El magistrado se pregunta «¿cómo es posible que un hombre que está siendo investigado o ha sido condenado por delitos contra la libertad sexual, vaya a un registro y le concedan el cambio de sexo? Pues es que el encargado del Registro Civil no tiene ningún medio para comprobar y para tener conocimiento de dichas circunstancias», alertó. Es decir, «la persona se presenta con su DNI, dice simplemente que se siente mujer, se siente conforme al otro sexo, repite la comparecencia en un plazo de tres meses y, técnicamente, la ley parece inclinarse por concederle el cambio a no ser que el juez o letrado de la Administración de Justicia aprecie que hay un posible fraude de ley o un abuso de derecho».

Lo peligroso, para este magistrado, es que «cada uno de nosotros utilizamos un poco nuestro criterio y nuestro leal saber y entender. Hay algunos compañeros que han adoptado un criterio de que se limitan única y exclusivamente a escuchar a la persona oír decir que se siente del otro sexo y ya con eso lo conceden. Hay otros entre los que me encuadro, que cuando podemos apreciar indiciariamente un fraude, indagamos más hasta tratar de descubrirlo».

En su caso, sostiene Matías Martínez Gómez, los casos en los que denegó los cambios de sexo fueron recurridos y «aún estoy pendiente de que resuelva la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública para saber qué criterio aplican en unos casos que, entiendo, son de extrema trascendencia. Conocer su criterio es extremadamente necesario y han pasado ya dos años y seguimos sin saber nada».

Esa resolución que tiene que dictar la Dirección General se podría recurrir ante los juzgados de Primera Instancia de la capital grancanaria -hay 18- y, posteriormente, si se sigue con el procedimiento tendría que pronunciarse la Audiencia Provincial de Las Palmas como paso previo de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que es quien impondría una doctrina jurisprudencial: «Lo que pasa es que todavía no hemos llegado, si quiera, al primer punto», se lamenta.

El magistrado ha detectado un nuevo perfil de los solicitantes de cambio de sexo: «Cambió absolutamente a raíz de la entrada en vigor de la Ley Trans. Empezaron a venir señores de 50, 60 años, con barba, masculinizados que querían mantener su nombre masculino. Pueden querer que no les detengan en caso de violencia de género o, en el que puede ser este caso, estar en un módulo de mujeres...».

Pero advirtió una circunstancia que «pasa muy desapercibida y que es importantísima. El cambio de sexo es secreto, nadie puede saber cuándo lo realizó y, además, pueden iniciar expedientes de cambio de forma paralela en varios registros civiles a ver si tienen suerte en alguno de ellos. Es decir, yo no puedo saber si algún compañero la ha denegado o, también, si esta persona es un delincuente sexual. Tenemos ahí un cóctel molotov», manifestó.

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