A juicio por estafar 43.255 euros a 22 personas con préstamos y créditos
tribunales ·
Los cuatro acusados se juegan seis años de cárcel aunque el procedimiento podría resolverse mediante un acuerdo de conformidad
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas retoma hoy su dinámica habitual de señalamientos tras las vacaciones de verano con la celebración de una vista oral que sienta en el banquillo a cuatro acusados de haber estafado a 22 personas contratando créditos y préstamos falsificando la documentación. Los encausados se enfrentan a penas de seis años de prisión, 3.600 euros de multa y el pago como responsabilidad civil de 43.255 euros a las entidades financieras afectadas, una cantidad correspondiente a la suma del dinero obtenido -presuntamente- de forma ilícita.
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Este procedimiento está previsto que se celebre desde el martes hasta el jueves, aunque hay muchas probabilidades de que se resuelva mediante un acuerdo de conformidad entre las partes.
Según el escrito de calificación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Carolina H.S., Adrián Martín Q.C., Marcos Manuel H.H. y José Agustín A.H., todos ellos puestos de común acuerdo, llevaron a cabo todas las presuntas actividades ilegales en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2013 a 2017.
Según determina el Ministerio Público, cometieron estos hechos en el periodo comprendido entre los años 2013 a 2017
Esta parte entiende que los acusados se dedicaron a contratar préstamos y créditos a nombre de otras personas «sin su conocimiento ni consentimiento», usando para ello datos bancarios y documentos personales tales como DNI, certificados, nóminas... etcétera. También elaboraban estos documentos simulando su autenticidad para hacerse pasar por las personas a los que contactaban para estafar con el objeto de obtener créditos, préstamos o realizar compras de bienes o servicios a nombre de los afectados, que luego se veían en una situación comprometida cuando las entidades les reclamaban el pago de las cantidades estafadas.
Según la acusación pública, los autores de este presunto delito continuado de falsificación en documento oficial y mercantil deberían de indemnizar de forma solidaria entre sí a Evo Finance EFC SAU en 4.502,01 euros, a Pra Iberia SAU en 4.168,92, a NBQ Tecnology en 2.078,26, a Bankinter Consumer Finance en 1.382, a P10 Finance en 625, a Cashper en 200, a Cofidis en 19391,71, a BBVA en 665,66, a Oney Servicios Financieros en 318,27, a Primrose Partners en 530, a Cetelem en 8.496,19 y a Ferratum Bank S.A. en 900, cantidades que suman un total de 43.255 euros.
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