El juez del caso Valka pregunta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el préstamo que recibió el exjefe de Parques
El magistrado trata de saber si el alto funcionario infringió el deber de abstención en la adjudicación de contratos a Felipe Guerra
El magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro, ha requerido al Ayuntamiento, en concreto al departamento de Recursos Humanos, a la Concejalía de Zonas Verdes y a la Secretaría General del Pleno, el expediente personal del exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón, uno de los investigados en el caso Valka, una prospección que trata de averiguar si en el seno del Ayuntamiento -en las áreas de Parques y Jardines y Urbanismo- operó una supuesta trama corrupta.
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La petición del magistrado forma parte del auto emitido el lunes pasado después de que la Guardia Civil descubriera que el empresario Felipe Guerra, otro de los investigados en el caso Valka, hubiera concedido a Padrón un préstamo en condiciones muy ventajosas para que pudiera construir un edificio de apartamentos turísticos en Los Llanos de Aridane, en La Palma.
En ese auto judicial, el magistrado accedió a la solicitud del fiscal Javier Ródenas para que se ampliaran con dos posibles nuevos delitos -cohecho y blanqueo de capitales- al listado de supuestas infracciones que se imputa tanto al empresario como al alto funcionario municipal, que hasta ahora eran falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.
Los cuatro puntos que interesan al juez
La información que ahora reclama el magistrado pasa por cuatro puntos: en primer lugar, saber si Miguel Ángel Padrón presentó alguna declaración de conflicto de intereses; en segundo lugar, si comunicó la existencia de una relación societaria con Felipe Guerra en la empresa Esvertical; en tercer lugar, si comunicó la existencia del préstamo que le concedió Guerra Patrimonial FGG, la empresa de Felipe Guerra; y, por último, si advirtió de su relación societaria, personal y financiera con el empresario.
«El requerimiento al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del expediente personal de Miguel Ángel Padrón resulta necesario para comprobar si cumplió con el deber de declarar conflictos de intereses, su vinculación societaria con Esvertical o la existencia del préstamo con la empresa contratista, datos imprescindibles para acreditar la infracción del deber de abstención y la eventual inidoneidad sobrevenida del contratista conforme a la legislación de contratos del sector público», detalla el auto judicial.
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Cuando el juzgado había emitido este auto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había suspendido ya de empleo y sueldo por tres años a Miguel Ángel Padrón, como consecuencia de no haber solicitado el régimen de compatibilidad al Pleno municipal para poder compaginar su condición de funcionario con la de administrador de la empresa Esvertical.
Padrón compaginó los dos cargos durante siete años ya que fue jefe de Parques y Jardines entre mayo de 2005 y junio de 2020, mientras que ejerció de administrador único de Esvertical entre octubre de 2014 y 2021.
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En el expediente municipal, no se menciona en ningún momento la existencia de un préstamo personal concedido por Felipe Guerra a Padrón, ni se relaciona la vigencia del acuerdo financiero con la adjudicación de servicios y suministros desde el área de Parques y Jardines, que dirigía el empleado público, a ese empresario.
Sin embargo, la existencia del préstamo y la adjudicación de contratos a Guerra sí llama la atención del fiscal. «La concesión de un préstamo con unas condiciones tan desfavorables para la empresa prestamista y tan ventajosas para el funcionario desprenden un inconfundible aroma de corrupción y no parece descabellado inferir que realmente se trata de una muy considerable dádiva (nada menos que un capital de 430.000 euros), un favor indebido a cambio de la ejecución de una multiplicidad de actos administrativos (vigilar y supervisar el contrato, certificar los trabajos, agilizar los pagos) contrarios a derecho, contrarios a los más elementales deberes inherentes al relevante cargo público ostentado por el investigado, Miguel Ángel Padrón, por la infracción clamorosa del deber de abstención, de imparcialidad, de probidad y de objetividad respecto de su deudor financiero, socio y amigo, Felipe Guerra», señala el escrito del Ministerio Fiscal.
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Por eso entiende que, en realidad, el préstamo fue un «soborno» para influir en la adjudicación de concursos públicos desde el Ayuntamiento capitalino.
Evitar un enriquecimiento derivado de una supuesta actividad ilícita
El auto del magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro, que ordena el decomiso del edificio de apartamentos turísticos que Miguel Ángel Padrón construyó, en parte, con el préstamo concedido por Felipe Guerra justifica la adopción de la medida cautelar en la necesidad de evitar el posible traspaso del edificio. «Los bienes cuya inmovilización se interesa (edificio de apartamentos turísticos con sus correspondientes viviendas, garajes y trasteros) se encuentran en explotación económica activa, generando rentas que incrementan el beneficio derivado de la actividad ilícita. La ausencia de una prohibición de disponer con reflejo registral permitiría su venta, gravamen o disposición a terceros de buena fe, lo que dificultaría gravemente la efectividad de un eventual decomiso definitivo», justifica el juez, «en este sentido, el riesgo de frustración de la medida es actual y cierto, y justifica la urgencia de acordarla en este momento procesal». La medida se completa con una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad con la prohibición de disponer de los apartamentos. En el caso Valka, aparte de Guerra y Padrón, también están siendo investigados el excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién; la exgerente de Geursa, Marina Más; el jefe de la oficina técnica de Obras de Geursa, Carlos Cabrera; y Luis Manuel Pérez Cañón, asesor jurídico en la empresa municipal.
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