La familia de Sebastián Marrero lleva su queja hasta el Diputado del Común
Reclama al Ayuntamiento de la capital grancanaria que atienda la solicitud de este vecino de San Nicolás con problemas de movilidad para tener una rampa de acceso a su casa
La familia de Sebastián Marrero ha dado un paso más en su lucha por conseguir darle «un poquito más de calidad a su vida». Por eso, tomaron el guante lanzado por la Diputación del Común, que se interesó por su caso tras verlo publicado el viernes pasado en CANARIAS7, y este martes su hijo Juan Pedro Marrero y su nuera María Medina formalizaron en la sede de la entidad regional en la capital grancanaria una queja contra el Ayuntamiento.
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El objetivo que persiguen no es otro que lograr acabar con el «aislamiento social» en el que denuncian se encuentra desde hace tres años debido a la barrera insalvable que le suponen los cinco escalones que dan acceso a su casa de la calle Guadiana, en el risco de San Nicolás.
Además, recuerdan que este obstáculo dificulta las revisiones periódicas a las que debe acudir por su delicado estado de salud. De hecho, en estos momentos se encuentra ingresado en un centro hospitalario.
Sin mobilidad
Los familiares de este ciudadano de 79 años recuerdan que lleva casi un cuarto de sigo con problemas de movilidad, por la lesión medular que sufrió. Y que con los años ha ido sumando otras patologías que le mantienen postrado en una cama.
En su afán por mejorar su vida y esos traslados a los centros médicos que «hora debe hacer en camilla», la familia planteó al Ayuntamiento en 2020 la posibilidad de «ampliar la rampa» que se hizo en su día en esta vía de San Nicolás, «atravesando el solar colindante con la casa, que es propiedad del Ayuntamiento».
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Sus allegados explican que el Ayuntamiento les ha confirmado que ese proyecto está recogido en «el Plan Urbanístico de San Nicolás». Pero dicen que Sebastián «no puede esperar». Ahora confían en que esta queja «sirva realmente para algo».
Una segunda reclamación a Dependencia
Los familiares de Sebastián Marrero aprovecharon su presencia en la Diputación del Común para tramitar una segunda queja, en este caso dirigida a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
El motivo, explican, es que este vecino del risco de San Nicolás tiene reconocido «el grado de dependencia 2 nivel II desde el año 2008», pero llevan desde 2017 esperando «la resolución del Programa Individual de Atención (PIA )».
Una reclamación que aseguran se efectuó por registro, al igual que hicieron en 2021 para solicitar su «revaloración por el tribunal médico de para poder subirlo de grado». Y es que sus allegados señalan que «él tiene un gran invalidez y ahora esa invalidez es total».
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