Caso Gestión del Agua: las defensas cuestionan a la fiscal por seguir acusando y piden la absolución

En la undécima y última sesión del juicio por el denominado caso Gestión del Agua, celebrada en la Audiencia Provincial de Las Palmas, las defensas de los 15 acusados solicitaron su absolución al considerar que no existe sustento probatorio suficiente para fundamentar los delitos de apropiación indebida o, alternativamente, administración desleal. Estos hechos, atribuidos a la gestión de una veintena de contratos entre 2008 y 2012, habrían causado un perjuicio económico cifrado en 23,4 millones de euros, según la Fiscalía, que permanece como única acusación junto con la plataforma 'El Sol sale para todos'. Las defensas insistieron en que ni el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, socio mayoritario de la empresa mixta de aguas, ni Emalsa ni el comité de empresa mantienen acusación alguna, lo que, a su juicio, compromete la legitimación del procedimiento.

Durante las exposiciones orales, los abogados defensores señalaron que la falta de concreción de los hechos imputados hace imposible dictar una sentencia condenatoria y reprocharon a la Fiscalía la ausencia del «rigor exigible» para evaluar jurídicamente las actuaciones de sus representados. Alegaron que no se acreditó de forma objetiva que los exdirectivos se beneficiaran personalmente o causaran perjuicio a la empresa, y denunciaron que el procedimiento había derivado en una causa general donde, según sus palabras, «todos responden por todo».

El abogado José María Palomino, defensor de Juan Miguel Sanjuán, Pedro José Higueras y José Julio Artiles, centró su intervención en el contrato de arrendamiento de la sede de Emalsa en el centro comercial Las Ramblas, cuestionado por la acusación. Palomino afirmó que «17 años después venimos a defender la inocencia de nuestros patrocinados» y subrayó que el procedimiento «nace en un claro aroma a debate político y que se debe discutir en un orden jurisdiccional distinto».

En ese sentido, sostuvo que resulta «complicado explicar a unos acusados 12 años después que han retirado la pena del banquillo y todo ello gracias al coraje mostrado por la representación legal del Ayuntamiento». Insistió en que la imputación es «frágil» y cuestionó que, si el contrato de arrendamiento era tan gravoso, ninguna de las partes hubiese solicitado «el regreso al Obelisco» ni la adopción de medidas cautelares, lo que calificó de «insólito».

El letrado argumentó que estaba acreditado que el contrato de arrendamiento permaneció vigente durante todos estos años «porque así lo ha querido Emalsa y sus tres socios», y que estos «han reiterado siempre la validez de todas las cláusulas del contrato». Añadió que estaba demostrado que «tanto Thierry como Blanco estaban facultados para suscribir esos contratos», que «ni Satocan ni nadie de esta causa participaron en el acondicionamiento del inmueble» y que la empresa 90 Grados fue contratada para esa función, cumpliendo los plazos de obra sin que existiera irregularidad.

Consideró probado que «la renta estaba dentro de los márgenes del mercado», y que «ni una acusación solicitó durante toda la instrucción ni una sola diligencia orientada a este contrato de alquiler». Subrayó las ventajas del traslado, como la diferencia de más de 50 años entre ambos edificios, la mejora en calidad, seguridad, accesibilidad y servicios, y citó a los peritos cuando indicaron que «los gastos de alquiler no generaron ningún perjuicio económico para la compañía».

Desde el punto de vista jurídico, Palomino defendió que «hay consentimiento por parte de todos los socios por lo que decae la responsabilidad criminal», que no existía perjuicio y que «los 122 millones gastados en esta sede son beneficiosos». Recordó que Emalsa «no es una entelequia» y que, en el momento de los hechos, estaba representada por sus tres socios en el consejo de administración, por lo que la renuncia al uso del edificio del Obelisco para alquilar una nueva sede fue una decisión legítima.

Señaló que «Emalsa renunció a resolución, reparación o indemnización del contrato de alquiler del Obelisco» y que «el contrato de arrendamiento no es ilícito ni fraudulento como reconoció el propio denunciante el primer día de este juicio». Cerró su intervención denunciando que «este inexistente caudal absolutorio ha sido sustituido por las acusaciones utilizando meros juicios de valor» y que «la orfandad probatoria de las acusaciones nos imposibilita ejercer nuestro ejercicio de defensa con todas las garantías ya que se basan en indicios o hipótesis pero no es prueba de cargo en un plenario».

Por su parte, el abogado Julio Cabrera defendió al exdirector general Gerard Jean Fernand Thierry y sostuvo que «ni por asomo hay prueba evidente de que mi representado y los demás se hayan aprovechado de Emalsa y enriquecido». Reprochó además la carga personal y mediática que soportó su cliente durante años por un procedimiento iniciado, a su juicio, por razones ajenas a lo penal.

Noelia Afonso, por otro lado, consideró que tras valorar la prueba practicada y escuchar el informe del Ministerio Público, no se había acreditado conducta alguna constitutiva de delito. Destacó la retirada de la acusación por parte del Ayuntamiento como un acto de responsabilidad institucional y cuestionó el exceso de imputación que a su entender mantenía la Fiscalía, incluso en lo relativo a contratos que –según recordó– se suscribían desde 1995 sin reproche penal hasta el presente.

Todas las defensas han coincidido, además, en que el caso no es una causa penal y se ha vulnerado de forma «clara» el derecho a la defensa, así como el principio acusatorio y de culpabilidad. «Aquí todos responden por todo», indicó el abogado de José Luis Rubio, quien señala que en los tres escritos de acusación (el de la fiscal y las acciones populares del comité de empresa del Ayuntamiento y la plataforma 'El Sol sale para todos') solo hay una referencia a su defendido por el cargo que desempeñó pero no por su responsabilidad penal, que debe ser solo personal.

El abogado Nicolás González Cuéllar, que representa a los acusados Pablo Abril Martorell y Laura Rivero, que fueron contratados por Valoriza, abundó en la falta de fundamento por parte de las acusaciones, ha considerado que «procesos como este ponen en jaque el Estado de Derecho» y ha cuestionado la acusación de 'El Sol sale para todos', una plataforma de la que ya poco queda, salvo su presentación en el caso y de manera interesada.

El juicio quedó visto para sentencia y el ponente será el magistrado Francisco Liñán Aguilera.

Temas

• Emalsa
• Fiscalía