La Audiencia avala la actuación del juez instructor del caso Lovas

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas avala la actuación del magistrado instructor del llamado 'caso Lovas' y desestima los primeros recursos de los procesados en este procedimiento, que se centra en una presunta red de prostitución en Gran Canaria.

Según informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la citada sección de la Audiencia desestima en tres autos los recursos de apelación de cuatro de los seis investigados contra su auto de procesamiento (dos de ellos acudieron juntos en el mismo recurso). Quedan por resolver dos recursos que se presentaron más tarde.

Asimismo, en otros tres autos la Audiencia desestima los recursos de apelación de tres de los investigados contra el auto de incoación de sumario. Los procesados son Agustín Alemán, Eugenio Hernández, Antonio Dascenzo, Domingo Hernández, Emilio Cabrera y Eustasio López.

En su momento, el juez instructor, Rafael Passaro, del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria, fijó fianzas que sumaban en conjunto 1.263.900 euros.

Contra las resoluciones conocidas ayer no cabe recurso, de manera que el caso será visto en juicio por la Audiencia Provincial.

Se investiga una red que entre 2015 y 2016 presuntamente captó a chicas menores a través de una agencia de azafatas, gogós o animadoras «con eventos en toda España» llamada 18 Lovas, tras la que se escondía un negocio de prostitución, según la Fiscalía.

En las seis resoluciones hechas públicas ayer, la Audiencia avala el trabajo del juez que investigó del caso, al no observar ninguna irregularidad ni diligencias practicadas fuera del plazo fijado para la instrucción.

Los magistrados estiman también que el instructor expuso indicios suficientes para justificar el procesamiento de los seis investigados y coinciden en que será en el juicio, y no en esta fase previa, cuando se dictamine si los acusados sabían que había menores entre las chicas con las que presuntamente mantuvieron relaciones sexuales o a las que hicieron ofrecimientos sexuales.

Al responder a uno de los procesados, la Audiencia Provincial dice que esa circunstancia «debe valorarse en el contexto en el que se producen los hechos objeto de las presentes actuaciones, del que se desprende el presunto interés de los procesados en chicas 'muy jóvenes' (...) que tuvieran 'como máximo 23 años'». «Siendo esa la edad máxima, existía la posibilidad de que alguna de las víctimas no hubiera cumplido los 18 años, como, en principio, resulta de lo actuado, acreditándose que algunas de ellas eran menores», dice la magistrada Pilar Verástegui, ponente de ese auto.

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