Las acusaciones mantienen las peticiones de condena para los dueños del barco del vertido

El fiscal y la Abogacía del Estado pidieron ayer una sentencia condenatoria para los dueños del buque 'Poong Lim 11' y propietarios de la empresa Chárter Marítimo, al entender que ha quedado probado que su hundimiento el 20 de enero de 2016 causó el mayor vertido que ha sufrido en años el puerto de La Luz, en la capital grancanaria. En sus conclusiones finales, las acusaciones consideraron que existen «daños evidentes» a la calidad de las aguas provocados por el vertido que afectó a la playa de Las Alcaravaneras y al Muelle Deportivo, y que los acusados, Ezequiel R.S. y Ana María L.L., generaron además un peligro potencial por la «ingente» cantidad de fuel que se halló en el buque cuando se reflotó y que el fiscal cifra en 124 toneladas.

Las defensas ejercidas por los letrados José María Guerra y Luis Cuyás pidieron a la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria un fallo absolutorio y advirtieron de los «disparates» que, bajo su criterio, contiene la causa.

En su derecho a la última palabra, los acusados reclamaron justicia y manifestaron haber sido objeto de «persecución» y «condena desde el minuto 1» por parte de la Autoridad Portuaria.

Los procesados se enfrentan a una pena de un año y once meses de prisión y al pago de una multa de 3 millones de euros, así como al abono de los gastos de más de 1,5 millones de euros que la Autoridad Portuaria destinó a la limpieza de residuos, que duró más de un mes, y reflote del pecio.

En sus conclusiones, el fiscal de Medio Ambiente, Carlos Fernández Seijo, destacó que la defensa ha efectuado una labor «loable» pero ha estado dirigida solo a generar dudas sobre las «múltiples pruebas que hay de los hechos» que se enjuician a casa del vertido, que se ha certificado «científicamente», recalcó el abogado de Estado.

El pesquero hundido estaba pendiente de desguace, tenía más de 50 años y estaba en «condiciones deficitarias» y su vigilancia, al igual que el resto de buques del puerto que pudieran generar peligro, correspondía a la empresa Chárter Marítimo, que eludió esa responsabilidad y lo dejó, según el abogado del Estado, «a su suerte y ventura».

Además nunca se informó a la Autoridad Portuaria por parte de Chárter Marítimo que el buque contenía residuos oleosos, pues, el abogado del EStado se empleaba como «depósito ilegal» de hidrocarburos.

Frente a la prueba contundente que sostienen las acusaciones que existe, Guerra rechazó esta afirmación y se refirió a los «errores» que desde el inicio del procedimiento figuran en la causa, en cuya instrucción no participaron ni Fernández ni el abogado del Estado.

El letrado recalcó que no se ha probado que sus clientes sean los responsables del vertido, pero sí se ha evidenciado que la Autoridad Portuaria de Las Palmas era como «el camarote de los hermanos Marx».

Guerra se preguntó cómo es posible que, ante el vertido «más importante en años» del puerto de La Luz, ninguno de sus responsables se interesara por si hubo avisos de fugas, que los hubo por parte de un barco y por la pérdida de combustible de una arqueta en el muelle de León y Castillo desde hacía dos meses y que figuran en el origen de la causa.

En su opinión, lo ocurrido obedece a la «incompetencia, negligencia o falta de la verdad» de los responsables de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de cuyo hundimiento del buque, abarloado en el muelle Cory Naciente, no se enteró hasta dos días después.

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