La intervención policial en Bahía de Formas culmina con más de 130 precintos
El operativo por orden de un juzgado se cerró este miércoles con las últimas notificaciones y con un saldo de alrededor de 80 extranjeros en situación irregular identificados
El operativo policial por orden judicial que arrancó el pasado sábado en el asentamiento de infraviviendas ubicadas en la zona de Cueva Laya, en Bahía de Formas, culminó este miércoles con las últimas notificaciones. El despliegue se saldó con más de 130 espacios precintados, ya sea totales o parciales, en solares aún sin construir como en subparcelas que estaban en parte con edificaciones pero con espacios libres, así como en lugares con obras a medias o en los que se constató que las infraviviendas no se destinaban para primera residencia o no reunían las condiciones mínimas para vivir. Todo ello con la intención de evitar que el poblado se siga expandiendo.
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Asimismo, la actuación también permitió la identificación y citación de alrededor de 80 personas extranjeras en situación irregular, algunas de ellas con petición de asilo, que deberán comparecer en el departamento de Extranjería de la Policía Nacional para regularizarse.
Cabe recordar que en el macrooperativo participaron agentes de la Guardia Civil, incluido del Seprona, así como Policía Local, Policía Nacional, técnicos municipales del área de Urbanismo y de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, a los que se unió la unidad de drones de la Policía Local de Telde.
La intervención, que tuvo lugar en su mayor parte el sábado y el domingo, se realizó con el objetivo de precintar espacios y a la vez realizar una identificación y notificación masiva a sus residentes para que comparezcan en las oficinas del Seprona de Vecindario en el día y hora estipulado.
El precinto conlleva un aviso de que no se puede romper porque se podría incurrir en un delito tipificado en al artículo 556 del Código Penal, es decir, de resistencia o desobediencia grave a la autoridad o a sus agentes. El sábado fue detenida una persona por ese motivo.
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Un caso judicializado
Todo ello se ha realizado al amparo de una diligencia ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3 (antiguo mixto 8) de San Bartolomé de Tirajana, que desde hace meses está cargo de la investigación por un posible delito contra la ordenación del territorio. Y es que las infraviviendas se han incrementado considerablemente después de la pandemia en un suelo agrario donde no está permitido la construcción de ningún tipo de infraestructura para utilizarla como vivienda y que además es de propietarios privados. Por ese motivo, ya hay varias personas citadas para comparecer ante la autoridad judicial a partir del mes de noviembre.
La parcela denominada 140, en la zona conocida como La Vereda, albergó antiguamente invernaderos y cuando se empezaron a asentar las primeras personas era un vertedero de residuos y escombros. Ocupa una extensión de 139.000 metros cuadrados en los que se calcula que podría haber alrededor de 200 familias, en una alta proporción de personas extranjeras, que en algunos casos llegaron a pagar hasta 7.000 euros por el suelo.
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Sin alternativa habitacional
La mayoría de las personas que residen en este poblado son extranjeras que no tienen una alternativa habitacional, no solo porque no pueden acceder por los altos precios de los alquileres sino porque nadie quiere alquilarles, aseguran.
La secretaria de la asociación de este asentamiento explica que muchos son vulnerables, cabeza de hogar, mayores o que tiene algún tipo de incapacidad, y que no reciben ningún tipo de ayudas. «No vivimos por placer o por gusto aquí, sino porque no encontramos donde vivir», detalla. Además, explican que si tienen que abandonar el lugar no encontrarían vivienda para todos. «Nos ha tocado invertir para hacer nuestras casas porque no tenemos donde ir», resumen.
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