La intervención ve irregular la forma que se usó para arreglar las hamacas en Maspalomas
De las tres empresas a las que se le pidió oferta, dos pertenecían a una misma familia y una, la que se llevó el contrato, se fundó en junio pasado
La interventora delAyuntamiento de San Bartolomé de Tirajana advirtió en un informe fechado el 27 de diciembre de 2021 de que el procedimiento al que recurrió el gobierno local para contratar el arreglo de las hamacas y sombrillas que ahora se pondrán en las playas del Inglés, Maspalomas, El Cochino y Meloneras omitió el trámite de fiscalización previa e incumplió «de forma flagrante la normativa en materia de contratación administrativa».
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El edil de Cuidado del Litoral, Samuel Henríquez, acaba de anunciar que este mes estas calas volverán a contar con hamacas y sombrillas y que serán gestionadas por la empresa que llevó el servicio hasta marzo de 2020, cuando estalló la pandemia. También dio cuenta de que el Ayuntamiento se gastó 90.000 euros en encargar la limpieza y restauración de parte de este material, ya muy deteriorado.
La empresa a la que se contrató fue Sombritols, que presentó una factura por un importe de 91.993 euros. Se le adjudicó en un trámite que la interventora ve irregular porque, pese a que no se trata de un contrato menor (que en un caso como este, de suministro o servicios, debe ser inferior a 15.000 euros) ni tampoco de emergencia, se comprometió «con ausencia absoluta del procedimiento de contratación» establecido.
Esta concejalía optó por recabar tres ofertas, aportadas por Sombritols SL, que planteó un presupuesto de 73.800 euros, Sombrillas Mejías SL, que dijo que lo haría por 85.889 euros, y Comercial Damort, por 88.452 euros. Por la información facilitada, las dos primeras empresas pertenecen o están vinculadas a una misma familia. En la primera figura como administradora M.M.D., mientras que en la segunda lo hacen los que, por los apellidos, podrían ser sus padres, H.M.C. y M.D.O. Además, la finalmente adjudicataria, Sombritols, que fue la que planteó la oferta más económica, fue constituida en junio de 2021, apenas tres meses antes de que presentara la oferta, el 22 de septiembre. Tampoco es habitual que las tres entidades hagan llegar sus ofertas el mismo día.
En todo caso, no es el primer gasto ni la primera factura que se tramita sin el procedimiento regular establecido en un ayuntamiento. Para estos supuestos la legislación contempla un procedimiento especial que permite el pago y no perjudica al prestador del servicio. Exige, por ejemplo, recabar un informe del jefe del servicio, como se tramitó en este caso, que acredite que el gasto se hizo y que el coste de las prestaciones se corresponde con el del mercado, y otro del secretario que advierta de que si no se efectúa el pago, se produciría un enriquecimiento injusto de la administración. Finalmente el abono se puede materializar a través de una revisión de oficio o por medio de una indemnización, que es el procedimiento por el que se optó.
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El gasto no solo abarcó reparar las hamacas y sombrillas, sino también la fabricación de 7 cajones para guardar las sombrillas y la fabricación de 8 toldos para las playas. Según consta en la factura, de las 4.138 hamacas almacenadas, se facturaron 1.450 (950 fueron reparadas y lavadas y a 500 hubo que colocarles lonas nuevas de color marrón y serigrafiadas) y 700 sombrillas, también arregladas. Fue el cambio de lona lo que encareció la factura en 18.163 euros.
«Tiempo perdido»
La oposición no tardó tampoco en reaccionar ante el anuncio del gobierno de la vuelta de las hamacas. Elena Álamo, de AV-PP, habla de «gestión desastrosa». «Samuel Henríquez ha tenido al municipio dos años sin hamacas por su capricho de municipalizar al personal, dos años argumentando que era imposible reactivarlo y ahora cambia radicalmente de postura». Le acusa de «vender humo» y le pregunta dónde está el informe técnico que avaló el arreglo de las hamacas por 91.000 euros.
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Por su parte, Alejandro Marichal, de CC, critica que el Ayuntamiento haya «perdido dos años para volver a la casilla de salida», a contratar a la misma empresa que ya prestaba este servicio en precario. «¿Dónde queda aquel discurso de la municipalización?». Y le reprocha que se opte por un modelo ya caduco, el de la prestación de un servicio en lugar de una concesión administrativa. El primero obliga al Ayuntamiento a pagar, en el segundo es el adjudicatario el que abona un canon.
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