El CIA insiste en que la propia concesión al Siam Park implica que hay recursos hídricos

El Consejo Insular de Aguas (CIA), organismo dependiente del Cabildo, insiste en la tesis que ya defendió durante la tramitación por parte del Gobierno canario del plan de ordenación urbanístico que dio encaje legal a un parque acuático en San Bartolomé de Tirajana. La concesión administrativa por 50 años que el CIA otorgó a sus promotores, a Loro Parque SA, para poder construir buena parte de ese complejo de ocio sobre un barranco (todo cauce es de propiedad pública) implica de facto la verificación por parte del CIA, que, además, es una administración hidráulica, de que el proyecto contaría con los recursos hídricos necesarios para poder operar. En otras palabras, apuntan las mismas fuentes, el CIA no concedería el derecho a usar terrenos públicos, a cambio de un canon, para un parque acuático si supiera que no tendría agua suficiente para poder abastecerse.

Es por esta razón por la que, señalan, tanto el CIA como el Gobierno canario dieron por «suficiente» el informe que el organismo grancanario aportó a la tramitación del llamado Plan de Mejora, Modernización e Incremento de la Competitividad (PMM) de El Veril, que acaba de ser anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que entiende justo lo contrario, que con ese informe, redactado en los términos en que lo está, no bastaba. Echa en falta la Sala, y por eso tumba el PMM que permitía el Siam Park, que debió especificar que contaba con recursos hídricos.

Desde el CIA recuerdan, en favor de su argumentación, que prácticamente todo el desarrollo del PMM gira en torno a la concesión administrativa del suelo donde se va a desarrollar el proyecto y que su tramitación fue, de hecho, anterior al PMM, por lo que, insisten, la propia concesión lleva implícitos esos requisitos que ahora reclama el TSJC. Además, añaden también, ese trámite previo de la concesión, sujeto igualmente a controversia judicial tras la interposición de varios recursos, cuenta ya con el aval de «cinco o seis sentencias» que garantizan que su tramitación y aprobación se hizo conforme a lo que obliga a ley.

Este es uno de los argumentos que llevan al Cabildo a sumarse al Gobierno canario, al Ayuntamiento y a la propia promotora, Loro Parque SA, en su decisión de recurrir ante el Tribunal Supremo este último fallo judicial. Se apoya también en otro hecho, en que esta sentencia contraviene otras dos pronunciadas sobre este mismo PMM y por la misma Sala, los días 10 y 15 de junio de 2020.

Aunque el Cabildo se encargó de recordar este lunes que ese informe ahora en discusión se emitió en el mandato 2011-2015, cuando el hoy portavoz del PP en la oposición en la institución, Marco Aurelio Pérez, era alcalde de San Bartolomé y consejero insular, la actual corporación defiende la suficiencia de su contenido y subraya que peleará en los tribunales por este proyecto dada la riqueza y creación de empleo que generará, con 100 millones de euros previstos y la posibilidad de atraer 500.000 turistas al año. «La última sentencia se apoya en un aspecto formal que no debe condicionar el desarrollo futuro de esta zona y el Siam Park».

Por su parte, el grupo político Agrupación de Vecinos PP-AV valora que la sentencia del TSJC que anula el PMM es una «preocupante y muy mala noticia porque supone un freno importante a la inversión y ejecución de un proyecto» destinado a contribuir al porvenir económico y social de San Bartolomé de Tirajana y de toda la isla. Pero PP-AV tiene claro quién es el culpable. «La sentencia del TSJC, que solo entra a valorar la cuestión del informe del CIA, pero no otros puntos de la amplia demanda que ha cursado un particular contra la legalidad del Siam Park, pone al descubierto solo una parte del recorrido del parque acuático y la falta de rigor del gobierno del Cabildo durante todo el procedimiento, que no ha cumplido con su obligación y sus deberes».

A juicio de la portavoz del grupo, Elena Álamo, «el proyecto empezó a tener problemas a partir del momento en que Antonio Morales ocupó la presidencia insular». Y cita «el retraso en el informe de carreteras» hasta casi noviembre de 2015; la «aparición de los caracolillos» en diciembre de 2016 y también los «continuos engaños y mentiras a los Kiessling» culpando al Ayuntamiento de San Bartolomé de los retrasos. También considera que la sentencia del TSJC pone en su sitio a los partidos del actual cuatripartito en el Ayuntamiento, que «usaron el argumento deliberado del retraso del parque acuático para desprestigiar con bulos y mentiras la gestión del gobierno municipal de Marco Aurelio Pérez y PP-AV.