Henríquez denuncia otros 800.000 euros «sin justificar» en productividades en San Bartolomé de Tirajana
La concejal de Recursos Humanos, Elena Álamo, subraya la falsedad de los argumentos del exedil de NC | «Para empezar, que exista el grupo Primero Canarias en el Ayuntamiento»
Samuel Henríquez, portavoz de Municipalistas Primero Canarias, ha vuelto a denunciar la persistencia de «irregularidades» en el reparto de complementos de productividad y gratificaciones en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Según sus declaraciones, el gobierno continúa actuando al margen de la transparencia y de los principios de legalidad presupuestaria tras la resolución firmada por la concejal de Recursos Humanos, Elena Álamo, el pasado 16 de abril, en la que autorizaba un nuevo abono de 806.395 euros en productividad solo para el primer trimestre de este año y para un grupo de trabajadores.
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Álamo, por su parte, se limitó a subrayar la falsedad de las palabras de Henríquez. «Si ya es falso que exista ese grupo en el Ayuntamiento, todo lo demás que dice también es falso».
Recuerda el edil, en la oposición, que durante el año 2024 un grupo de empleados municipales, «supuestamente designados directamente por el alcalde y su concejala de Recursos Humanos, habría percibido más de dos millones de euros en concepto de productividad, sin que existan los correspondientes programas de objetivos, evaluaciones individualizadas ni informes técnicos exigidos por el reglamento aprobado por el pleno».
Se queja, acto seguido, de que a pesar de haber solicitado el expediente completo desde enero, «el alcalde sigue negándose a entregarlo, incumpliendo la Ley de Bases del Régimen Local y el derecho de acceso a la información de los concejales».
Henríquez advierte en un comunicado de que, de continuar con esta práctica, el gasto total en productividades podría superar los 2,5 millones de euros en 2025, «acumulando pagos a determinados trabajadores elegidos que podría superar más de 4 millones entre los años 2024 y 2025». Insiste en que la productividad no puede convertirse en una herramienta de premio o castigo político, ni en una vía encubierta para el reparto clientelar de fondos públicos.
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