Contenedor del proyecto piloto para la recogida orgánica. / C7

Cuatro empresas optan a asumir el servicio de residuos del sureste, de 148 millones

La Mancomunidad podrá seguir adelante con el concurso. El Tribunal Administrativo de Contratos de Canarias desestimó un recurso

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO Santa Lucía de Tirajana

Cuatro empresas optan a hacerse con el contrato para la gestión del servicio de residuos de los tres municipios del sureste para los próximos 10 años por un importe de 148 millones de euros. Estaba previsto que la semana pasada la Mesa de Contratación de la Mancomunidad del Sureste abriera el primer sobre de las ofertas, pero no pudo celebrarse por falta de quorum. En principio, hoy puede que se defina una nueva fecha.

Tras la conclusión el pasado 12 de enero del plazo para presentar ofertas, las cuatro compañías que optan al contrato son la UTE FCC-Martínez Cano, Cespa (ex de Ferrovial, pero vendida recientemente a un grupo alemán), la UTE Cointer-Azatia (en la que figura la anterior concesionaria del servicio en el sureste) y la UTE Ayagaures-LEM. El concurso está dividido en cuatro lotes, uno para cada municipio, que son tres, y un cuarto para la recogida selectiva de la fracción orgánica, la vegetal (poda) y el compostaje comunitario.

La Mancomunidad del Sureste podrá seguir adelante con el concurso después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias haya desestimado un recurso que contra el concurso interpuso el comité de empresa de Caseur, que fue la última concesionaria. Hoy está previsto que se reúna la Junta General de la Mancomunidad y que, entre otros acuerdos, oficialice esta desestimación.

El tribunal inadmitió el recurso por extemporáneo dado que entiende que el plazo para poder presentarlo acabó el 4 de enero de 2022 y, sin embargo, el comité de empresa lo interpuso el 14 de enero. Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pero el recurrente podrá todavía hacer uso de la vía judicial.

El nuevo contrato volverá a situar a estos tres municipios en punta de lanza en materia de gestión de residuos, porque, entre otras cosas, este concurso prevé implantar ya la recogida selectiva orgánica, con la colocación de 721 contenedores para este tipo de desechos, y porque, por ejemplo, entre los criterios para la adjudicación figura puntuar más aquellas ofertas que garanticen una menor emisión de CO2 a la atmósfera por los vehículos que compongan la flota de camiones. Es decir, que se aspira a una flota con cero emisiones y hay ofertas que alcanzan ese objetivo.

También está recogido en los pliegos que la nueva concesionaria deberá invertir un mínimo de 17,5 millones de euros. Una parte, en torno a 9 millones, tendrá que destinarla a dotar al servicio de un moderno y amplio parque de maquinaria respetuoso con el medio ambiente y con un mínimo de 48 vehículos nuevos. Y otra parte, unos 8,5 millones, habrá de utilizarla para renovar el parque de contenedores soterrados.

Otra de las características del nuevo contrato es que pone el acento en la recogida selectiva y en fomentar su aprovechamiento mediante su reutilización y reciclado, con el añadido de que implanta el llamado quinto contenedor, el de los residuos orgánicos. El sureste ya trabaja en una experiencia piloto que en 2021 le permitió separar más de 103.000 kilos de esos residuos, pero con el nuevo servicio se prevé aumentar esa cifra hasta los 2,2 millones de kilos. Junto con la previsión de recoger 3 millones de kilos de poda, la nueva adjudicataria podrá producir todo el compost que necesita la agricultura de los tres municipios.

En principio, la maquinaria administrativa ya está en marcha. Los propios criterios de adjudicación fijados en el concurso, 100% objetivos, no solo contribuyen a la transparencia del trámite iniciado, sino que puede que contribuya a la simplificación y agilización del procedimiento, que, según algunas fuentes, podría estar adjudicado antes de Semana Santa.

Su puesta en marcha pondría fin, además, a la especial situación que actualmente atraviesa el servicio, bajo secuestro administrativo de la Mancomunidad desde 2017.