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Abatida, cuando se quedó atrapada en la caja de escalera del edificio. Juan Carlos alonso

Del cuarto de la azotea a la calle

Lanzamiento. Carmen Martel, de 60 años, salió de donde vivía, en Ingenio, solo con su bolso. Su ex la desahució de un cuarto de la lavadora del edificio donde está la que fue su casa familiar

Gaumet Florido

Ingenio

Sábado, 29 de mayo 2021, 01:00

Carmen Martel se quedó finalmente en la calle. Se fue sola. Llorando. Desconcertada. Al filo de las dos de la tarde de este viernes. En la que había sido su casa, en Carrizal (Ingenio), siguen sus hijos, mayores de edad, y su exmarido. Este último y sus hermanos instaron su desahucio. Carmen vivía en un cuarto de la azotea del edificio donde está la vivienda que fue su residencia familiar hasta 2017. Y en una sola mañana, mejor dicho, en apenas dos horas, pasó de ser desahuciada del cuarto de la lavadora a la azotea, de allí a la caja de escalera, y finalmente, a la calle. «No entiendo nada, esa casa también es mía, yo vendí un solar de mi madre y di una liquidación que me dieron en una empresa en la que yo trabajaba para ayudar a construirla», se lamentaba mientras se bebía las lágrimas. Pero parecía rendida. «Que me pague mi parte y me voy», terminó por decir. El Ayuntamiento de Ingenio le había ofrecido ayudas y alternativas y no las había aceptado.

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Momento en que la comitiva judicial accede al edificio para el desahucio de Carmen Martel. JUan Carlos alonso

Cogió rumbo hacia la casa de un hermano. «No me gusta ser un estorbo, allí podré estar uno o dos días, pero no más, ya veré». Por lo pronto, se mudó con lo puesto. Solo iba con su bolso. Todo lo que tenía se quedó este viernes en aquella azotea, a la intemperie. La comitiva judicial del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Telde llegó poco antes de las 12.30 para desahuciarla del cuarto de la lavadora en el que vivía. El edificio es de la familia de su exmarido y los hermanos instaron su desalojo judicial. Llegaron pronto, pero tuvieron que esperar por la Guardia Civil. Una cuñada de Carmen se negaba a dejar entrar a su abogado, Francisco Espino, que debía estar presente en el lanzamiento. Al final la convencieron.

Según el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la comisión se limitó a ejecutar «una sentencia antigua» que había atendido todos los trámites. Eso explica, quizás, que tanto esos funcionarios del juzgado como los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil dejaran la casa minutos antes de la una con su misión cumplida, es verdad, pero se marcharon casi sin mirar atrás. Porque dejaron a una mujer de 60 años abandonada en una azotea en mitad de un edificio donde no la querían.

Carmen, atrincherada en la azotea, donde vivía. Juan carlos alonso

Su abogado sostiene que por una sentencia del 24 de febrero de 2020, la justicia le suprimió a su ex el uso y disfrute en exclusiva de la casa que había sido residencia familiar. Según Espino, él lo tuvo, al habérsele otorgado la custodia de sus hijos, hasta que el más pequeño era menor de edad, pero al dejar de serlo, Carmen instó una modificación de medidas del divorcio y el juzgado le retiró ese uso y disfrute al padre de sus hijos. Este letrado entiende que eso implica, de facto, reconocerle a ella que puede entrar a vivir en esa casa y, de hecho, Carmen ha pedido varias veces copia de la llave. Ayer volvió a intentarlo. Tocó y tocó en la puerta, pero nadie le abrió.

Así las cosas, cuando se vio sola, con su abogado en la calle (se comunicaban por teléfono), se atrincheró en la azotea, aún a sabiendas de que en cuanto saliera le iban a impedir volver. Y así fue. Carmen bajó a hablar con los periodistas y uno de sus hijos subió raudo a cerrarle la puerta de la azotea. De repente, se vio en la caja de escalera y solo con su móvil. Hasta su documentación se quedó arriba. Entre lágrimas llamó a la Policía Local. Pero no hizo falta. Se condolieron de ella y le bajaron su bolso. Al rato, se rindió y se fue.

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Nada más salir de la casa. Detrás de ella, el edificio en el que residía. Solo se pudo llevar su bolso. Juan Carlos alonso

El abogado de su ex, Manuel Rodríguez, sostiene que no se podía quedar dentro porque era como incurrir en un allanamiento de morada. Y a diferencia de su colega, defiende que aquel fallo de 2020 no le da derecho alguno a Carmen a la que fue su vivienda. Para eso, dice, hay que iniciar un nuevo procedimiento, que es justo lo que dice que ha hecho el abogado de la parte contraria. Espino pide en otro expediente al juzgado que se le dé a ella el uso y disfrute por ser «la parte más vulnerable». La vista está señalada para mediados de junio.

Carmen percibe una pensión de 400 euros. Este, el cobro de un subsidio, es uno de los motivos por los que Carmen no cumple los requisitos para que el juzgado parara el lanzamiento. Tampoco es dependiente, ni víctima de violencia de género, ni tiene nadie a su cargo ni está ocupando una casa, sino un cuarto de lavadora

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