El Cabildo grancanario valora demandar a Pérez (PP) por acusaciones «torticeras»

Los servicios jurídicos del Cabildo de Gran Canaria estudian si procede demandar al portavoz del Partido Popular en la corporación, Marco Aurelio Pérez, por las acusaciones que ha vertido sobre la adjudicación «a dedo» de subvenciones a entidades vinculadas a Nueva Canarias y que el equipo de gobierno tacha de «torticeras» y falsas.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de la corporación, Antonio Morales, de NC, después de que Pérez denunciara este lunes en una rueda de prensa que el Cabildo ha adjudicado «a dedo» 200.000 euros entre 2019 y 2020 a la Federación de Asociaciones Unidas por la Defensa Animal (Fauda), cuya secretaria es la edil de ese partido en Telde, siendo la sede fiscal de la entidad el domicilio que la concejal tiene en La Garita.

Sobre estas acusaciones «del único cargo público» de la corporación grancanaria que está siendo investigado por la Justicia«, Morales ha dicho este martes que Fauda es una entidad que comenzó a operar después de que en la pasada legislatura así lo acordara el Cabildo, los ayuntamientos de la isla y el Colegio de Veterinarios para resolver el problema de seguridad y salud pública que ocasionan los animales abandonados.

Con el objetivo de diseñar una campaña de esterilización y actuar ante las colonias no registradas y los núcleos urbanos y zonas rurales «descontroladas» se decidió fundar esta federación para poder generar recursos con los que acometer este trabajo «casi a precio de costo y guiados por el amor a los animales», ha explicado Antonio Morales, quien ha resaltado que, con esta fórmula, se ha podido atender hasta el momento a 1.638 animales.

«Nos parece lamentable, indignante y políticamente miserable que se pretenda dañar a tres personas de este colectivo, a cuyos miembros no se ha pedido nunca su adscripción política o ideológica, como son un veterinario independiente de Gáldar, que luego fue en las listas del BNR-NC, a un hijo de un excolaborador mío cuando fui alcalde de Agüimes y a otro profesional de Agaete que ha hecho 363 intervenciones», a quienes se ha concedido en conjunto ayudas cuyo valor no llega a los 30.000 euros, de un presupuesto de 150.000, ha referido.

Morales ha pedido a los servicios jurídicos de la corporación insular que estudie estas acusaciones por si pudieran constituir un delito contra la institución y su grupo de gobierno.

Además, ha estimado que «un partido corrupto», como se ha referido al PP, «no puede verter estiércol» para hacer ver «que la institución está corrompida», cuando «no hay ninguna trampa».

«Desde las cloacas se intenta generar dudas sobre la honorabilidad y transparencia de esta institución», ha aseverado.

Según el PP, la primera de las subvenciones adjudicadas «a dedo», de 150.000 euros, fue solicitada el 18 marzo de 2019 y otorgada en cuatro días, en fechas próximas a las elecciones en las que Antonio Morales fue nombrado presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Su portavoz en el Cabildo grancanario, Marco Aurelio Pérez, ha asegurado que la actual edil de NC en Telde Aurora Saavedra «gastó a discreción el dinero destinado a una campaña de esterilización entre miembros del partido y afines», entre los que ha citado a Agustín Rafael Pérez, veterinario y propietario del centro veterinario Crisacanarias y concejal de NC en Gáldar, que cobró 22 facturas por 6.106 euros a cargo de esta subvención, y el dueño de la clínica veterinaria Cruce de Arinaga, Yeray Macías, hijo del fundador y dirigente del partido Roque Aguayro en Agüimes, Francisco Macías, que recibió 9.398 euros por 88 facturas.

Del mismo modo, el PP destaca los 34.007 euros (4 % del total de la subvención) abonados al veterinario de Agaete Mariano Jerez, quien, según Pérez, tiene una relación manifiesta de amistad con Aurora Saavedra, pese a que atendió a 66 perros de los 1.638 que abarcó el proyecto. EFE