Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. Efe

El Cabildo de Gran Canaria llevará ante el Supremo el pleito con Mogán respecto al Fdcan

Antonio Morales ha señalado que el Cabildo «va a ejercer su derecho de casación» frente a la resolución del TSJC, que ha dado a conocer este martes la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 8 de julio 2025

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha confirmado este martes que la corporación recurrirá ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que tacha de «discriminatorio» que no incluyera al Ayuntamiento de Mogán en el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

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En declaraciones a EFE, Morales ha señalado que el Cabildo «va a ejercer su derecho de casación» frente a la resolución del TSJC, que ha dado a conocer este martes la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán), ya que entiende que el municipio «ha recibido, tal y como se acordó con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), los recursos necesarios aplicando los criterios de distribución pactados».

Morales ha insistido en que esta resolución del alto tribunal autonómico «no condiciona el desarrollo del Fdcan» y que, por tanto, los municipios con partida acordada pueden seguir desarrollando sus proyectos según lo aprobado en el pleno de la corporación insular.

En ese sentido, ha dicho el presidente insular que lo que cuestiona la resolución judicial es «el acuerdo al que se llegó» con la Fecam y el resto de municipios de la isla «a la hora de establecer criterios de reparto» de estos fondos.

«En cualquier caso, si el Supremo no diera la razón al Cabildo, habría que buscar las fórmulas que establezca la sentencia de cara a que el Ayuntamiento pueda recibir los recursos que no se contemplaron, pero nada más allá de esto contempla la decisión del TSJC», ha insistido.

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En su rueda de prensa, Onalia Bueno ha criticado que la corporación insular haya establecido para el reparto de estos fondos criterios «partidistas, sesgados», y ha cifrado en alrededor de tres millones de euros el dinero que se le debería conceder en base a la población con la que cuenta, más de 21.000 habitantes.

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