6.000 metros del palmeral del Oasis pasarán a ser públicos
El grupo Dunas, dueño de la parcela, recibirá en permuta otra junto al Tony Gallardo, pero el trámite requiere modificar el Plan General
G. FLORIDO
San bartolomé de tirajana.
Viernes, 24 de febrero 2023, 00:00
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tramita un expediente urbanístico por el que 6.000 metros cuadrados ubicados dentro del palmeral del Oasis, en suelo protegido, pasarán a ser de titularidad pública a cambio de compensar a su propietario, el grupo Dunas, con una parcela ahora municipal situada en una ladera cerca del parque Tony Gallardo.
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El pleno tomó ayer conocimiento de la iniciativa urbanística propuesta por la empresa Dunas Resort SL para hacer viable esta compensación por la vía de una permuta. La operación exigiría además una modificación menor del Plan General de Ordenación.
En esencia, el problema se genera porque el grupo empresarial es propietario de la parcela Q, de 6.000 metros cuadrados, que en 1988, entonces en manos de otro dueño, recibió licencia municipal de obras para construir un hotel. Se le dio al amparo de las determinaciones del Plan Parcial de Campo Internacional, pero el posterior Plan General de Ordenación (PGOU) de 1996 desclasificó la parcela y la pasó a zona verde, lo que generó derechos indemnizatorios en la propiedad.
La propuesta que hace Dunas pasa por permutar esos terrenos, que ahora forman parte incluso de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, por otros que son propiedad del Ayuntamiento, pero la operación obligaría a tramitar una modificación menor del planeamiento.
De las tres alternativas posibles, el borrador del convenio urbanístico que plantea la empresa opta por cambiar la parcela Q de 6.000 metros y uso hotelero por otra, la Q1, que aún no ha sido creada y que se fraguaría a partir de esta modificación del PGOU, que contaría con 11.472 metros cuadrados y tendría uso geriátrico. Además, y dado que los dos solares no valdrían lo mismo, la empresa propone el abono del diferencial, que asciende a 698.083 euros.
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El problema es que, según el Estudio Económico Financiero de aquel PGOU de 1996, la obligación de la expropiación de esa parcela Q y de otra, la P, ubicadas ambas en Campo Internacional, corresponde al Gobierno de canarias. Por esa razon ayer el pleno municipal desistió del propósito primigenio de dar inicio a la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación menor del plan y se limitó a tomar conocimiento de la iniciativa para, antes del inicio del procedimiento ambiental, remitírsela a la Consejería de Transición Ecológica, que es la que tendría que pagar, para que sus técnicos informen si están o no de acuerdo con el convenio propuesto.
También en la sesión de ayer se aprobó de forma definitiva el presupuesto municipal de 2023, que supera los 96 millones de euros. Entre las mociones aprobadas figura una de AV-PP, convertida en declaración institucional, para concienciar, visibilizar y fomentar políticas que ayuden a niños con trastorno del espectro autista.
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