Las navieras, obligadas a desviar sus operaciones a Arrecife o Las Palmas
Puertos del Estado ·
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo de Fuerteventura exigen soluciones urgentes para garantizar la operatividad del puerto capitalino
Las condiciones impuestas por la actual concesión a Estibadora Majorera y la falta de personal técnico permanente en el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) fitosanitario lastran al muelle de Puerto del Rosario. El Ayuntamiento capitalino y el Cabildo de Fuerteventura han trasladado formalmente a la Autoridad Portuaria de Las Palmas su «profunda preocupación» ante las limitaciones operativas del puerto de la capital majorera, reclamando sendas soluciones.
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Estas demandas se pusieron sobre la mesa en la reunión técnica con la presidenta del Cabildo, el presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, los consignatarios y los operadores logísticos privados afectados por las condiciones del muelle comercial del puerto capitalino. Según recoge el documento remitido a la Autoridad Portuaria, la concesión vigente a la empresa Estibadora Majorera se ha convertido «en un factor restrictivo para el normal funcionamiento del puerto». Las exigencias de un número mínimo de movimientos para permitir la operativa de navieras ha obligado a muchas de ellas a desviar sus operaciones a otros puertos, como el de Arrecife o Las Palmas de Gran Canaria, lo que genera sobrecostes y merma la competitividad del tejido empresarial insular.
Además, la renuncia unilateral de la empresa concesionaria a una parte significativa del espacio portuario inicialmente otorgado ha generado cuellos de botella logísticos, esperas de hasta cuatro horas para los transportistas y un impacto negativo directo en la cadena de suministro local, enumeran Cabildo y Ayuntamiento capitalino. «No podemos permitir que una concesión pública se traduzca en un freno para el desarrollo económico de Fuerteventura. La Autoridad Portuaria debe actuar con diligencia y hacer cumplir la función pública de esta infraestructura bajo criterios de eficiencia y responsabilidad», señaló el alcalde David de Vera.
La segunda gran demanda institucional es la dotación permanente de personal inspector en el PIF fitosanitario del puerto. Actualmente, el servicio depende de personal desplazado desde otras islas, lo que provoca retrasos, falta de previsibilidad y debilita la operativa aduanera. «La ausencia de un equipo técnico fijo en el PIF penaliza al sector importador, al comercio mayorista y a las plataformas logísticas, generando desigualdad territorial respecto a otros puertos del sistema. Esta es una demanda insular histórica que debe ser atendida con urgencia», declaró la presidenta Lola García.
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