El Cabildo de Fuerteventura pagará 7.000 euros por la baja de Lloret para eludir la paternidad
Derechos sociales ·
La Inspección de Trabajo, tras la denuncia del grupo ecologista Agonane, habla del «fraude de ley»
El Cabildo debe pagar casi 7.000 euros a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la decisión del presidente Sergio Lloret de darse de baja en el régimen general de la Seguridad Social para no tener que acogerse al derecho social de las seis semanas de paternidad y seguir en el cargo. Diario de Fuerteventura publica que esta estrategia la llevó a cabo «sin amparo jurídico alguno» y que la Inspección de Trabajo habla de «fraude de ley».
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En una rueda de prensa, el mismo Lloret anunció su decisión de darse de baja de la Seguridad Social desde el 14 de enero de este año por el nacimiento de su hijo, volviendo a darse de alta el 14 de marzo, mientras seguía al frente de su cargo. Entonces, dijo que lo hacía por «un ejercicio de responsabilidad para con el Cabildo y para seguir trabajando en la resolución de los problemas de la isla» y para que esta Corporación Insular «no se quedara con sólo una persona al frente», esto es Juan Nicolás Cabrera, que forma con Lloret el grupo de gobierno de dos miembros.
Diario de Fuerteventura detalla que la multa que la primera institución majorera debe pagar son 3.750 euros por una infracción al no estar dado de alta en la Seguridad Social y otros 3.186 euros por las cotizaciones dejadas de ingresar. «No soy el primer padre de la historia que ha renunciado a los prestaciones del permiso de paternidad», comentó entonces.
Los ecologistas de Agonane le denunciaron en febrero ante la Inspección de Trabajo por trabajar de manera supuestamente irregular de acuerdo a la normativa laboral vigente tras renunciar a las seis semanas de baja por paternidad. Los ecologistas sostenían que el primer mandatario es, en su opinión, «un trabajador ilegal», desde el momento que se da de baja en la Seguridad Social, pero sigue al frente del Cabildo.
Al hilo de esta denuncia, la Inspección de Trabajo citó en dos ocasiones al presidente: una en el 1 de marzo, que Diario de Fuerteventura asegura que no acudió; y otra el 14 de marzo, aunque finalmente se presentó el 22 de marzo. La Inspección de Trabajo le solicitó el parte de alta inicial en el Cabildo, la solicitud de baja al departamento de Recursos Humanos, las nóminas de los tres últimos meses de 2022 y la de enero de 2023, el acta del pleno en el que se hubiese aprobado su renuncia al sueldo de presidente, el presupuesto del Cabildo para 2023 o la agenda política del presidente durante los tres primeros meses del año.
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La Inspección de Trabajo subraya, siempre según del citado diario, el «fraude de ley» que supone que un trabajador, ante «una inminente paternidad y el descanso obligatorio que la misma lleva aparejado», de 16 semanas, seis de ellas inmediatas y sin que se puedan interrumpir tras la fecha del nacimiento, «decide darse de baja en la Seguridad Social para así poder proseguir con su agenda política y su dedicación exclusiva en el cargo».
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