¿Estigma o redención?

Casi 21 años separan las dos detenciones de cargos públicos en Fuerteventura. La segunda es la más reciente y difundida del exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes Gutiérrez, arrestado en su casa de Puerto del Rosario la mañana de este martes, 14 de febrero.

Para la primera hay que remontarse a otra mañana, la del lunes 22 de abril de 2002, cuando la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de Las Palmas detuvo al entonces alcalde de Antigua, Juan José Cazorla, que protagonizó un paseíllo esposado durante el registro de su casa y del Ayuntamiento.

Del futuro de la detención de Fuentes, todavía hay nada escrito salvo que la misma tarde del 14 de febrero fue trasladado desde Fuerteventura hasta Tenerife para pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife en el marco de un operación a nivel nacional centrada en los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho.

De los derroteros de Cazorla, todo está escrito: fue condenado en 2005 por cohecho a un año y medio de cárcel que no cumplió, la devolución de 270.455 euros a las arcas del Ayuntamiento de Antigua y a seis años de inhabilitación para cargo público.

Estas dos detenciones son la excepción en Fuerteventura, una isla que ni en aquel 2002, ni en este 2023, se levanta impasible cada mañana ante este tipo de noticias.

Con una población cercana a las 120.000 almas en 2022 y líder en crecimiento poblacional en los últimos diez años, la Maxorata es aún un pueblo chico que se resiente y revuelve ante este tipo de sucesos, más si afecta a una familia tan conocida como los Fuentes Curbelo que llevan media vida democrática presentes en los mimbres políticos de las instituciones.

Quien más, quien menos, conoce a Taishet, lo ha saludado en Feaga, lo ha visto echarse un café en Antigua o pasear con su chiquillería por la playa de Pozo Negro.

Por eso, por la cercanía que confiere la patria chica, la ciudadanía rechaza el acto en sí de la detención policial -la de Cazorla en 2002, la de Fuentes en 2023- que por otro lado está embuida en la legalidad más manifiesta: el coche policial ante la casa, el arresto ante los ojos de la familia, el paso a disposición judicial a la vista de todos por la imagen repetida en los medios de comunicación.

En el caso del exalcalde de Antigua condenado, aquel paseíllo esposado provocó en las urnas el efecto contrario: en las elecciones de 2015, una vez concluida la inhabilitación, fue la lista más votada, volviendo a sentarse en el sillón de la alcaldía. Es que nunca se sabe si funciona como un estigma o como una redención, o ambas cosas a la vez.

Temas

• Política
• Caso Mediador
• Fuerteventura
• Canarias
• Fraude fiscal