A la espera de la solidaridad con los menores

Una de las consecuencias del repunte migratorio registrado este año ha sido que, junto con los adultos, han llegado miles de menores no acompañados que quedan bajo la tutela de la comunidad autónoma.

Este importante incremento ha tensionado el sistema de acogida que ha obligado al Gobierno de Canarias a abrir centros por la vía de urgencia. Actualmente dispone de 64 dispositivos que en la mayor parte de los casos está saturado.

En estos momentos, el Ejecutivo regional tutela en torno a 4.500 menores y sigue reclamando, tal como se hizo en la legislatura anterior, la solidaridad compartida con el resto de las comunidades autónomas.

Esta petición no ha dado resultado hasta ahora, pues sólo se ha acordado la distribución de 396 menores, un reparto a todas luces insuficiente.

Además, no se ha hecho efectivo a la espera de que Madrid transfiera el dinero firmado para facilitar la acogida. La partida finalmente fue aprobada en el primer Consejo de Ministros de diciembre.

El objetivo de Canarias es que se proceda a una modificación de las leyes del Menor y de Extranjería para que la custodia no sea exclusiva de la comunidad a la que llegan estos niños migrantes, sino una responsabilidad de todo el territorio.

Además, para aliviar la presión en los centros, la Consejería de Bienestar Social y la Fiscalía Superior de Canarias han alcanzado un acuerdo para agilizar las pruebas que determinen la edad de las personas que afirman ser menores.

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