La «red criminal» es solo «la punta del iceberg» y «pone en peligro la credibilidad democrática»
caso mediador ·
Guardia Civil y Policía Nacional subrayan las influencias que manejaban el diputado, el director general y el militarFrancisco Suárez Álamo y Francisco José Fajardo
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 22 de febrero 2023
La operación que derivó la pasada semana en la detención de una docena de personas, en el marco del caso Mediador, es «solo la punta del iceberg»de una presunta red de corrupción que opera en Canarias, con ramificaciones en la península. Así lo advierten los investigadores en un informe con fecha del 8 de febrero de este año.
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Desde el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña se ha desarrollado durante año y medio una amplia investigación sobre «una red criminal» que no solo genera alarma social, sino que «a la par, pone en peligro la credibilidad democrática del sistema administrativo del Estado y perjudica enormemente la reputación y el buen hacer requerido de las instancias gubernamentales y servicios públicos a los que pertenecen los líderes de la organización criminal».
La jueza apunta estos presuntos delitos: tráfico de influencias, cohecho, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Una red movida por personas influyentes
El citado informe policial subraya que el caso Mediador es «solo la punta del iceberg, por lo que se seguirá trabajando activamente en tanto y cuando se obtengan nuevas pruebas de relevancia» para informar sobre la marcha a la jueza instructora.
Se incluye un pasaje extraído de un informe previo de Asuntos Internos: «El diseño y la estructura de la forma en que los investigados actuaban revela un evidente afán de encubrir las ganancias ilegítimamente obtenidas, como por ejemplo el hecho de recurrir a cuentas bancarias de terceros para efectuar los ingresos. Además, el entramado delictivo contaba con un soporte empresarial encargado de confeccionar las facturas que daban justificación al pago de las comisiones».
Ese entramado «complejo», agregan los investigadores, «pudo operar gracias a la figura de un diputado nacional, al director general de un Gobierno autonómico y a un general de división de la Guardia Civil. Todos ellos personas cuya posición les otorga un grado influyente y notorio, y que pusieron a disposición del supuesto grupo delictivo organizado.
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Juan Bernardo Fuentes era «el líder» y su sobrino Taishet recogió «el testigo» de la red clientelar en Ganadería
El resto de la trama, de perfil medio o no tan influyente, adquirió un rol igualmente decisivo, al encargarse de orientar los movimientos en función de la necesidad que presentara cada empresario, a quien iban exigiéndole los pagos finalistas en la forma correspondiente. Entregas que, en cualquier caso, dichos empresarios aportaban de manera voluntaria e interesada con la finalidad de obtener un resultado que a su vez a ellos también les reportaría importantes beneficios».
Es en ese punto del relato donde se subraya que «continúan las pesquisas a fin de ampliar información sobre los posibles ilícitos cometidos por los investigados (...) u otros que puedan ir descubriendo a medida que avance la investigación».
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Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, cuerpos que han colaborado durante meses en la investigación, prevén «la posibilidad de seguir encontrando a futuro nuevas evidencias u otras pruebas de relevancia que amplíen información sobre los indicios manejados actualmente o que arrojen luz sobre nuevas vías de investigación e implicados».
Diputado, sobrino y general
Como líder de la trama aparece mencionado Juan Bernardo Fuentes, el ya exdiputado por Las Palmas que este miércoles quedó en libertad con cargos. «Esta persona», dicen los investigadores, «se aprovecharía de su función pública para recibir dádivas».
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Su sobrino Taishet Fuentes aparece reseñado como «miembro indispensable de la rama política de la organización», que recogió «el testigo de su tío» al frente de la Dirección General de Ganadería, y que se valdría de su cargo para la «manipulación de expedientes sobre las ganaderías así como ejercer sus influencias sobre estos empresarios para obtener contratar».
El tercer eje de la trama sería el general, ya jubilado, de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, que también «ejercería sus influencias previo beneficio o acuerdo con terceros para sus propios intereses». Entre ellos se encontraría el intermediario, el Mediador que da nombre al caso.
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