«Tras el ‘caso ladrillo’, vino en plan acoso y derribo»

Los agentes de la Policía Autonómica canaria D.D.B. –actualmente con incapacidad permanente para ejercer su trabajo por ansiedad y depresión– y J.G.A. confirmaron ayer ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas que durante años fueron víctimas de acoso laboral continuado por parte de su jefe, el hoy exsubinspector del cuerpo Carmelo Martín Sosa Déniz, de 48 años.

Los agentes declararon bajo juramento que, si bien en un principio el acoso no fue muy grave, después de que en febrero de 2013 declararan contra él por el llamado caso ladrillo, la persecución fue, en palabras de D.D.B., de «acoso y derribo».

Así, atribuyeron a su hoy exjefe insultos como «militroncho» o «flipado» en referencia a J.G.A., –militar antes de policía–, o frases de menosprecio como «hay gente que sólo sirve para estar con putas y criminales» «inútil» o «no eres un policía de verdad» supuestamente dirigidas a D. D.B., quien aseguró que Sosa le había «convertido en la sombra de una persona». Su novia le dejó porque no era el mismo, y estuvo años con medicación psiquiátrica severa, apuntó. Aún está a tratamiento.

La magistrada Natalia Suárez inició ayer las sesiones de la vista oral del juicio que se sigue contra el exsubinspector Sosa, para el que el Ministerio Fiscal pide un total de tres años de prisión como presunto autor de dos delitos de acoso laboral e indemnizaciones por valor de 78.000 euros, con responsabilidad civil subsidiaria de la Comunidad Autónoma, y las acusaciones particulares —María de los Ángeles Ramos por J.G.A., y José Manuel Rivero por D.D.B.– cinco años por acoso laboral y lesiones, e indemnizaciones que rozan los 300.000 euros.

Sosa Déniz comparece a juicio representado por un abogado pagado por la Comunidad autónoma, Javier Guerra, que pide la libre absolución. Por la comunidad autónoma acude al juicio el letrado de la administración Javier Bordonau, que niega que exista perjuicio alguno a los denunciantes.

D.D.B. recordó que el acoso por parte de su jefe comenzó en octubre de 2010 cuando éste se enteró de que supuestamente había hecho un comentario despectivo hacia él en un asadero con los compañeros, y que a partir de entonces lo perseguía laboralmente, ridiculizándole delante de sus compañeros o asignándole los peores trabajos –guardias en la puerta de la comisaría, vigilancia de 12 horas en la playa de La Laja, sólo– o impidiendo que tuviera permisos.

El exagente afirmó que a partir de febrero de 2013, cuando testificó contra Sosa en la operación ladrillo –cerrado ya por el Supremo con condena al exsubinspector: en el carnaval de 2013, Sosa agredió en el cuello a un agente en su despacho con el fin de hacer creer a la Justicia que las lesiones se las había hecho una persona que había sido detenida de forma irregular durante los carnavales– la persecución ya fue «de acoso y derribo». «A los que no le reíamos la gracia nos llamaba el pelotón de los torpes », aseguró.

J.G.A. alegó que cuando él entró en el cuerpo, el trato de Sosa era «inadecuado» con los agentes, pero tras el estallido del caso ladrillo, había pasado a ser de persecución. «Provocó que me abrieran cuatro expedientes en cuatros meses», alegó –al parecer tres de ellos no llegaron a tales– , me llamaba en público militroncho, el operativo o flipado, o me decía que eran un inútil» , aseveró.

Negativa. «Ni he menospreciado, ni he vejado, ni he asignado trabajos degradantes». A lo largo de todo su interrogatorio, el exsubinspector Sosa, de 48 años –hoy jubilado por incapacidad permanente, según el mismo afirmó– negó cualquier tipo de acoso laboral a sus subordinados, y apuntó que en sus 27 años de policía –primero estuvo en la Policía Local– jamás había tenido problemas con subordinados o compañeros.

«Inadaptados». Sosa Déniz apuntó que, desde su punto de vista, lo que le sucedía a los agentes no era que hubieran sufrido acoso laboral, sino que no habían sabido adaptarse a un puesto de trabajo en la policía». Afirmó que ni antes ni después del caso ladrillo había dado órdenes para acosar a los denunciantes y negó «rotundamente» que les hubiera reprendido en público en alguna ocasión.

Competencia. A preguntas de su abogado, el acusado fue desglosando que desde su cargo de subinspector no tenía competencias para hacer lo que los acusados le imputaban: negar cambios en los turnos de trabajo, denegar días de asunto particulares, negar licencias de estudios o escenificar en público con humillación la entrega de armas de un agente de baja.

El juicio continúa hoy con la testifical de los compañeros de los dos denunciantes, lo que posiblemente decidirá la suerte del proceso al tratarse de los testimonios menos parciales en el proceso. Según las previsiones del juzgado, con las testificales, las periciales y los informes de las partes el farragoso proceso puede prolongarse hasta el miércoles. Si la jornada de ayer fue agotadora, la de hoy promete superar la marca, con sesiones en mañana y tarde. Son cinco partes interrogando (el fiscal, las dos acusaciones particulares y los dos letrados de la defensa) con preguntas punzantes y acusaciones vehementes, a pesar de las enérgicas intervenciones con las que la magistrada Natalia Suárez intenta reconducir el debate. El acusado no sólo está condenado en firme a cuatro años; tiene otra condena sub iudice por conducción alcohólica.

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