Las Palmas tendrá juzgados de cláusulas suelo

Los jueces civiles de toda España contienen la respiración ante el 1 de junio, fecha en la que expira el plazo establecido por Real Decreto para que los bancos alcanzaran acuerdos pacíficos con sus clientes después de que en el pasado diciembre el Tribunal de Justicia de la UE declarara abusivas las cláusulas y ordenara la devolución del dinero –la factura se estima entre 3.000 y 500 millones de euros–.

Hay incertidumbre en muchos territorios del Estado respecto al sistema en el que se va a tramitar esta respuesta, y territorios transferidos en materia de Justicia como Andalucía, Madrid, Valencia o Barcelona que ya han anunciado que no van a colaborar con el plan del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de Canarias sí ha recogido el guante del ministro Catalá y tiene listas las oficinas y el personal que se encargará de estos pleitos a través del refuerzo de los citados juzgados, que –al menos en Las Palmas capital– pasarán a tener una oficina bis sólo para los pleitos bancarios.

En la Ciudad de la Justicia capitalina ya tiene su ubicación, el cuadro de funcionarios –anuncian que se reforzará si hay avalancha de demandas– y una juez en prácticas, recién licenciada de la Escuela de Estudios Judiciales de Barcelona.

El magistrado juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González, expuso ayer en conversación con este periódico que los jueces de Primera Instancia de la capital grancanaria, si bien están «expectantes» ante el final del plazo de los arreglos amistosos, no esperan una presentación de demandas en aluvión que colapse el servicio, aunque admitió que nadie sabe a ciencia cierta cómo será la situación el jueves ni cuál puede ser el número de pleitos que se presenten en referencia a las cláusulas suelo.

González apuntó que si el Gobierno de Canarias cumple con lo que ha prometido hasta ahora en materia de refuerzos, «y no tenemos ningún motivo para no creer que lo haga», las expectativas sobre una respuesta satisfactoria a la demanda ciudadana son buenas. El juez decano se mostró más crítico con la forma en la que el Ejecutivo ha puesto en marcha el plan, sin comunicarse con los jueces –se enteraron de que se creaban los juzgados bis al oir movimiento de mobiliario en la planta octava de la torre tres– o con la elección para la tarea de una juez en prácticas, «que a lo mejor se ve privada de su formación en otras materias».

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