La Justicia en Canarias ya está preparada para la desescalada
Tanto los profesionales como las infraestructuras que componen el sector de la Justicia en Canarias ya están preparados para la desescalada y el regreso progresivo a la nueva normalidad después de semanas de confinamiento. Jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia, abogados, procuradores, funcionarios y demás operadores están tomando las medidas oportunas para esta nueva fase y, además, los técnicos responsables de los edificios judiciales han blindado estas instalaciones para que, a partir del martes, se minimice al máximo cualquier posibilidad de contagio por coronavirus.
Aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció que iba a mantener la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el próximo 24 de mayo, tras publicarse la nueva prórroga del estado de alarma por la pandemia, la recuperación progresiva de la actividad judicial está en marcha y, por ello, todos los actores protagonistas han diseñado sus estrategias de reincorporación.
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El sábado, el Ministerio de Justicia dictó una orden con el esquema de seguridad laboral y el plan de desescalada para el sector, con la reincorporación progresiva del personal de la administración de Justicia a sus puestos a partir del próximo martes, 12 de mayo. En el mismo se detalla que en la primera fase en Canarias se prevé que acudan a cada centro de trabajo de todos los partidos judiciales de las islas entre un 30 y un 40% de los efectivos, una semana después lo hará entre el 60 y el 70% del personal y en una tercer fase debería encontrarse en sus puestos el 100% de la plantilla. Si se cumplen los plazos, esa tercera fase comenzaría el 26 de mayo, fecha en la que se activarían los plazos procesales suspendidos hasta el momento a causa de la pandemia por el coronavirus.
«Siempre que nos cubran las vacantes que aún tenemos pendientes podríamos hacer frente a toda la avalancha de trabajo que nos espera, pero sería mucho más complicado si se ponen más señalamientos. En ese caso necesitaríamos refuerzos», dijo la fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, que afirmó que su plantilla está preparada para la reincorporación.
En la misma línea, la letrada de la administración de Justicia (LAJ), Isabel Morales, detalló que habían estado «trabajando hasta el momento» de la forma dictada por las autoridades y ahora, con la reincorporación paulatina, demanda «refuerzos en juzgados laborales y mercantiles porque tendrán una avalancha de trabajo enorme con todo lo que esta pasando. Esperemos que atiendan nuestras necesidades», afirmó.
El búnker antivirus de la Ciudad de la Justicia.
«Disponemos de instalaciones seguras de cara a la entrada de la entrada en la fase 1 en el ámbito de la Justicia el próximo martes». Así describe Francisco Campanalunga, coordinador de la Ciudad de la Justicia, después de casi dos meses de arduo trabajo adaptando las instalaciones al estado de alarma. Este edificio de la capital grancanaria es la joya de la corona –entraban antes del confinamiento cerca de 3.000 personas al día– y por ello, se han extremado las precauciones convirtiéndola en un auténtico búnker antivirus.
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Han adoptado medidas de carácter organizativo colocando carteles informativos, decenas de dispensadores de geles, reforzando el servicio de reposición de jabón y papel desechable, colocando contenedores de residuos con riesgo, extremando la distancia de dos metros entre las mesas y sillas, colocando mamparas y pantallas de protección en todos los puestos de trabajo de atención al público, catenarias y medidas de distanciamiento en el acceso al público e incrementado en un 50% el equipo de desinfección y limpieza que trabaja las 24 horas al día y que está auditado por una empresa externa, entre otras medidas.
Además, todo el personal tendrá equipos de protección individual (EPI) al entrar a los edificios y en las salas, apenas hay sillas para público y las partes y jurados estarán separados por mamparas –se han colocado 1.400 en todo el edificio–. Además, en caso de que se detecte un caso positivo, se habilitó la sala de deliberación del jurado, que tiene baño, cocina y dos salidas, para que pueda estar aislado.
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También hay una sala de conciliación nueva al lado de la entrada, disponen de un cuarto especial de riesgos biológicos para almacenar los EPI usados y en todo momento habrá cuatro vigilantes en el vestíbulo cuidando que todo el mundo cumpla las normas.
Hay que destacar que, hasta la fecha, solo ha habido un positivo entre empleados de la Administración de Justicia en Canarias, pero se trató de un caso importado tras un viaje que esta persona hizo a la Península.
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