El plan del CGPJ «no va a ningún lado»

Así lo plasma en el informe dirigido a la Fiscalía General del Estado, que pidió la opinión de las asociaciones representativas de la carrera fiscal para poder elaborar una respuesta al centenar de medidas que el CGPJ propone para el plan de agilización orientado a evitar el colapso de los juzgados y tribunales una vez concluya el estado de alarma.

En primer lugar, la APIF apuesta por mantener el teletrabajo para evitar el riesgo de trabajo y extremas las cautelas para evitar exponer a los fiscales y funcionarios de la oficina fiscal que sean personas de riesgo. En este sentido, reitera que es necesario que, mientras dure la pandemia, todas las sedes de Fiscalía cuenten con medios de «protección elementales», tal y como reclamaron en un juzgado de lo social de Madrid, así como de barreras de protección en el contacto con el público.

Con el fin de evitar que muchas personas a la puertas de los juzgados, la APIF propone que se informe a las partes del retraso de las vistas a través de una aplicación telefónica.

Entrando ya a valorar las propuestas del CGPJ, la asociación ha limitado sus sugerencias al ámbito jurisdiccional penal, ya que, según explica, se trata de la «esfera» en la que mayor parte de los fiscales desempeñan sus funciones. Considera que no es necesario adoptar medidas especiales para reforzar los juzgados de este orden, pues no cree que se vayan a colapsar porque, durante el estado de alarma, las actuaciones no urgentes se han paralizado y aquellas con detenidos «se han reducido sobremanera».

Aún así, afirma que sin hacer una inversión económica cualquier medida es «aventurada» y que recalca la necesidad de que haya una mayor oferta de fiscales para sacar adelante todos los asuntos pendientes en los juzgados o habrá que reducir el trabajo en funciones de «menor trascendencia».

Por ello, la APIF considera «absolutamente imprescindible» comisionar a buena parte de la Secretaría Técnica, Unidad de Apoyo, fiscales adjuntos de los de Sala y «todos o casi todos» los fiscales de los Tribunales Superiores de Justicia, lo que supondría incorporar entre 60 y 100 fiscales, para «despachar papel o acudir a juicios y guardias». Para ahorrar tiempo, también propone la inversión en inteligencia artificial para que programas informáticos «dieran hecho ya el escrito de acusación a falta de una última supervisión por el fiscal».

En cuanto a las reformas procesales propuestas, la APIF se opone y subraya que «se tenían que haber hecho en épocas más prósperas y no ahora cuando no hay tiempo o se tienen que soslayar todas las garantías». Además, rechaza rotundamente la posibilidad de dictar sentencia ‘in voce’, «muy especialmente en la jurisdicción penal», porque supone eliminar garantías procesales, ya que puede «provocar problemas muy importantes ante una aclaración de sentencia, en vía de recurso y para la ejecución de las sentencias».

Por último, sobre la propuesta del CGPJ de habilitar agosto, los fiscales de esta asociación se oponen, ya que implicaría que, en un mes de «calor atosigante», fiscales y funcionarios tengan que conciliar, de nuevo, el trabajo con la crianza y cuidado de sus hijos y ancianos sin la ayuda de centros educativos o de apoyo. Para la asociación, esto supondría un «coste personal» en los fiscales, pero también en abogados y procuradores que «tendrán que estar atentos permanentemente a Lexnet, sin avances reales en las causas».

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