Una sentencia obliga a dar atención específica a un alumno con dislexia
La jueza entiende vulnerado el derecho a la igualdad del menor y mandata a la Consejería de Educación a tomar medidas para adaptar la metodología a las particularidades del niño.
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha fallado a favor de la familia de un niño con dislexia cuyo colegio, la Cooperativa de Enseñanza Juan Ramón Jiménez, en la capital grancanaria, no atendió sus necesidades específicas, como tampoco lo hizo la Consejería de Educación del Gobierno canario, que dio por respuesta el silencio administrativo.
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La magistrada ponente, María de las Mercedes Martín Olivera, entiende en el fallo que el área que dirige Soledad Monzón «ha vulnerado el derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución, en relación con el derecho a la educación del artículo 27, por no adoptar la administración demandada las medidas necesarias.
Fue en 2013 cuando la familia del menor detectó la necesidad de acudir a un especialista por sus dificultades de aprendizaje debido a la dislexia, lo cual, señala la sentencia en los fundamentos de derecho, fue comunicado al centro docente. Los padres pidieron entonces al colegio la adaptación metodológica de manera que el niño pudiera progresar «adecuadamente».
En 2015 el menor hizo un test para la detección de la dislexia en el Gabinete Psicopedagógico Tafalla. El grupo especializado concluyó que el niño era disléxico y señaló la necesidad de la adaptación curricular del menor por parte del centro en el que estudiaba. Los padres solicitaron al colegio en el curso 2015/2016 que realizara un informe psicopedagógico al menor para adaptarle la educación a lo cual el centro se comprometió. De hecho, durante ese curso, el niño estudiaba 3º de Primaria, «se aprecia una mejoría en algunas materias», pero no en otras debido a los problemas del menor «en el procesamiento de la información visual y auditiva». En enero de 2016 la directora del colegio comunica a los padres que el centro no dispone de gabinete psicopedagógico, aunque les tranquiliza diciéndoles que se «se han llevado a cabo las adaptaciones metodológicas» aunque no las señala. En octubre los padres instan a la Consejería a que se aplique el Plan de Atención a la Diversidad y en noviembre vuelven a observar que los exámenes no son adecuados para el niño. Tras varios intentos más con la Consejería la familia termina por acudir a la justicia y esta le ha dado la razón.
Una ley que no se cumple
La presidenta de la Asociación La Casa del Funcionario, Fany Barreto, dijo ayer que el Gobierno canario en 2010 fue pionero en España promulgando «una ley modelo que no se está cumpliendo». En el pasado curso educativo 412 estudiantes, 73 más que en 2014, estaban diagnosticados de dislexia en los centro públicos canarios. En la enseñanza privada estaban detectados 97, en total 7 más que tres años antes. La prevalencia de la dislexia se sitúa entre el 10 y el 15%, en Canarias su detección, según la Asociación Canaria de la Dislexia (Dislecan) «apenas llega al 0,2%».
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