Comienza el juicio contra la red de Goldfinger

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el juicio de Richard Cashman y otros siete acusados para los que la Fiscalía pide multas de dos millones de euros y penas de entre ocho y doce años de prisión por delitos de asociación ilícita, estafa a más de doscientas personas y tenencia ilícita de armas, según casa caso.

John Palmer falleció en junio de 2015 a los 64 años en su lujosa vivienda de Brentwood, en Essex (Reino Unido), tras recibir dos disparos de un calibre tan pequeño que apenas fueron detectados en un primer momento.

Según el fiscal, Palmer creó a principios de los años 80 una estructura empresarial en las islas Canarias que junto a la prestación de servicios turísticos se convirtió en una maquinaria para realizar estafas en la venta de apartamentos a tiempo compartido entre 1993 y junio de 2002, fecha de las detenciones.

Añade que la estructura fue dirigida por él hasta su ingreso en prisión a raíz de una sentencia dictada en 2001 por un tribunal de Londres que le condenó a ocho años de prisión por estafa y fraude a los compradores de propiedad a tiempo compartido y que a raíz de ello Cashman se hizo cargo de sus negocios.

La Policía española inició la investigación a raíz de numerosas denuncias interpuestas por parte de turistas extranjeros contra sociedades y empresas vinculadas con la organización de Palmer a través de la venta de productos turísticos como apartamentos en multipropiedad y paquetes de vacaciones.

Cashman ha recordado que llegó en 1993 a Tenerife y que desde entonces trabajó para Palmer pero ha asegurado que él no tenía nada que ver con la venta de los apartamentos en multipropiedad ya que se encargó primero de la seguridad y después de la gestión de bares, restaurantes y servicio de alquiler e coches de los complejos turísticos en las islas, con unos dos mil apartamentos.

Ha añadido que en todo momento seguía las instrucciones que le daban Palmer desde la cárcel y la mujer de este como por ejemplo firmar cheques para lo que le apoderaron pero solo para pagar a empleados y proveedores de la empresa.

El fiscal le ha preguntado por una conversación telefónica grabada por la Policía que mantuvo con la esposa de Palmer en la que el acusado le comentó que si se le hacía la competencia en las islas a su marido podía pasar algo malo, incluso asesinatos.

"Es completamente mentira, nunca hablé de nada de eso con ella", ha asegurado Richard Cashman.

Al comienzo de la vista se han sentado en el banquillo diez acusados pero el tribunal ha aceptado la alegación de prescripción de los delitos formulada por dos de ellos que han quedado exentos de este procedimiento.

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