Canarias no adelantará el fin del estado de alarma hasta regular actividades

La favorable situación epidemiológica de Canarias permitiría al presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, levantar el estado de alarma en cualquier momento. Sin embargo, el Gobierno regional prefiere demorar esta decisión para estudiar la posibilidad de regular alguna actividad económica o social con el objetivo garantizar su desarrollo en condiciones de seguridad durante la denominada nueva normalidad.

«Necesitamos una prescripción técnica porque tenemos dudas sobre convivencia, pero no sobre la desescalada». Así lo explicó ayer el consejero de Sanidad y portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, quien puso como ejemplo la necesidad de articular una regulación autonómica al menos en tres cuestiones; el uso de las playas, las fiestas y romerías y el control aeroportuario. «Hemos estado valorando si el anticipo del fin de las medidas de restricción requeriría alguna norma complementaria», señaló Pérez que, en todo caso, recordó que el fin de estado de alarma está previsto para el 21 de junio y a partir de ese día regirán las normas establecidas en el real decreto publicado ayer en el BOE que mantiene las normas generales de higiene y prevención del covid-19 mientras dure la crisis sanitaria.

Según Pérez, a esas normas generales de aplicación en el transporte, el comercio, la industria, los centros de trabajo, la hostelería y las actividades culturales y de ocio habría que añadir otras específicas por lo que ha instado a todas las consejerías para que identifiquen qué actividades precisarían de una norma particular. «Si levantamos el estado de alarma solo quedará el uso obligado de mascarillas y el mantenimiento de la distancia física. Puede ser conveniente que dictemos otras normas para dar seguridad jurídica y claridad a actividades sociales y económicas», indicó.

El portavoz recordó que el Gobierno regional ya ha dictado dos normas específicas; la que prohíbe la apertura de discotecas en la fase 3 y la que regula el control de pasajeros en puertos y aeropuertos.

Pérez dijo que el Gobierno podría dejar en manos de las administraciones locales la regulación del uso de las playas y de las fiestas, pero subrayó que creen oportuno dar directrices para ayudar a «ayuntamientos y cabildos a tomar decisiones que pueden ser incómodas. Seguro que al alcalde de Teror no le ha sido cómodo suspender las fiestas del Pino», apuntó Pérez, que resaltó la urgencia de estas normas ante eventos tan inminentes como las fiestas de San Juan.

Faltos de orientación. Pérez indicó que los ayuntamientos han demandado estas directrices para regular fiestas y playas. «Nos han dicho que estaría bien tener un protocolo común. La Fecam ha trabajado con técnicos de Dirección General de Seguridad y Emergencias y de Protección Civil para hacer una regla general», dijo Pérez.

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