Baja la delincuencia juvenil pero sube la violencia filioparental en Canarias

En la última década, en Canarias se ha observado un descenso de los casos de delincuencia juvenil, sin embargo, los delitos filio-parentales han ido aumentando. Se trata de un fenómeno «muy invisible que queda dentro del ámbito familiar», en el que la víctima principal suele ser la madre y la autoría del delito se está equiparando, por primera vez, entre hijos e hijas –en un 47% de los casos son chicas– si bien el tipo de violencia que se practica varía en función del género, siendo en ellas más psicológica y verbal y en ellos, física o contra objetos, aseguraron ayer los criminologos Pedro Melián y Juan José Santana. Ambos expertos, que trabajan para la Asociación Trib-Arte donde dirigen el programa contra la violencia filioparental Llaves para el cambio que subvenciona el Cabildo de Gran Canaria, presentarán el próximo sábado en el marco del I Congreso Internacional de Educación e Intervención Psicoeducativa, Familiar y Social de la ULPGC y Asociación Hestia las conclusiones de un estudio sobre la intervención familiar en 50 familias que vienen desarrollado desde hace cuatro años.

Los expertos, bajo el título La violencia filioparental. Mitos y leyendas, desgranarán la situación familiar que padecen progenitores y descendientesdestacando la dificultad de los primeros en visibilizar una realidad que se mezcla con el sentimiento de culpa cuando se acaba en denuncias contra su hijo o hija. Melián y Santana explican que cuando se habla de violencia filioparental se refiere «a actos reiterados, con cierta frecuencia, fundamentalmente dirigidos de hijos e hijas a padres y madres, aunque puede haber otra conviencia familiar con casos hacia abuelos o abuelas, e incluye la violencia física, verbal, psicológica y financiera (sustracción de dinero o deudas de juego).

La edad de inicio suele ser durante la etapa adolescente, a partir de los 12 años, y la forma de aparición, de expresión y las vías de abandono de la violencia difieren entre chicos y chicas. No obstante, cuando ejercen este tipo de violencia «lo hacen ambos de manera ostensible con episodios, conflitos y situaciones que desbordan a las familias que, en algunos casos solicitan ayuda externa por lo que arriesgan que una valoración de la Fiscalía y Juzgado de Menores obligue a derivarlos a un centro de protección. En este sentido puntualizan que «es un fenómeno multicausal, no tiene una única causa». Es decir, por un lado, desde el ámbito familiar, destacan que una parte muy importante es la «política de conciliación familiar y las competencias parentales en su educación» y desde el punto de vista de los agresores «se está en un momento de cambio de transición hacia la vida adulta en el que se produce un alejamiento de los roles de las figuras parentales y de familia en favor del grupo de iguales, y de gran conflictividad externo e interna y donde probablemente, el campo de entrenamiento más de importante está dentro del ámbito familiar», enfatizan.

Los pocos datos oficiales que se manejan provienen de Juzgados y Fiscalía de Menores, que en su ultimo informe de 2016 cifraba en unos «300 casos repartidos entre las dos provincias y sin incluir los datos de protección y los episodios que se dan cotidianamente y no se denunica», concretan los criminólogos, quienes echan en falta más datos sobre la situación real en Canarias.

Una de las partes más importantes del proyecto Llaves para el cambio es el acompañamiento y asesoramiento de las familias en «todo el oscuro tránsito por el mundo judicial» que les resulta «muy complejo y duro entender conceptos de instrucciones, tecnicismos pero, sobre todo, superar lo que el proceso conlleva».

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