Los ayuntamientos canarios tienen más de 300 millones «ociosos»

El compromiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los ayuntamientos permite que puedan usar el remanente de 2017 durante este año y el próximo e indicó que el Gobierno está dispuesto a emitir un decreto ley para que la demora que se está produciendo en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no perjudique a las corporaciones locales.

Además, el ministro dio cuenta de que es decisión del Ejecutivo convocar a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), posiblemente en marzo, para que se formalice el «rango de inversión» en el que se pueda usar el superávit y se amplíe el listado de actividades en las que invertir e insistió en que éstas tienen que ceñirse al concepto de sostenibilidad financiera.

Tras saludar esta decisión, los regidores municipales quieren ir más allá y, tal como señalaron ayer los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y Santa Lucía, Dunia González, la presión que han ejercido desde la Federación de municipios y provincias (Femp) se debe mantener para derogar la regla de gasto, que «limita» la gestión municipal.

Los municipios y cabildos canarios consideran «de justicia», «lógico» y «razonable» que las corporaciones locales que estén saneadas -«la practica totalidad», según la Fecam- puedan invertir su superávit y que el dinero deje de estar «ocioso» en los bancos por la limitación impuesta por la regla de gasto. Esta vieja demanda municipal ha sido aceptada ahora por Hacienda, de tal manera que los 8.000 municipios españoles podrían tener disponibles en torno 5.000 millones, según avanzó el presidente de la Femp, Abel Caballero, de los datos de liquidación correspondientes a 2017. Señaló que, un año más, las entidades locales han sido la administración más cumplidora.

Este nuevo escenario permitiría a los ayuntamientos de las Islas invertir buena parte de los más de 300 millones de euros que tienen en las entidades bancarias, según las cifras que maneja la Federación Canaria de Municipios. Y es que, practicamente todos los ayuntamientos de las islas tienen superávit, una situación ligada al techo de gasto.

Uno de los casos más llamativos es el de San Bartolomé de Tirajana. Su alcalde, Marco Aurelio Pérez, ha declarado que cuentan en los bancos con unos 100 millones de euros que no pueden invertir. Similar situación tiene Las Palmas de Gran Canaria, con 147 millones de fondos líquidos inmovilizados para no incumplir la regla de gasto. Agüimes, municipio de 30.000 habitantes, generó en 2016 un superávit de ocho millones que están «ociosos». O Telde, que ha atravesado importantes problemas financieros, tiene un superávit de once millones, igualmente generado por la imposibilidad de invertir.

La mayoría de los ayuntamientos tiene pendiente «sobre todo muchas infraestructuras municipales» que precisan de inversión, sobre todo sociosanitarias y educativas. Entre sus prioridades también figura el incremento de plantillas.

Augusto Hidalgo: El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria valoró como «un gran dato» la posibilidad de que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit y abogó por seguir presionando para derogar la regla de gasto, «el elemento más dañino para la gestión y la autonomía municipal».

Dunia González: La regidora de Santa Lucía subrayó que su ayuntamiento, «por su buena gestión y con una deuda a cero», cuenta con más de 5 millones de los que quiere hacer uso e invertir en empleo, servicios sociales e infraestructuras educativas y deportivas.

Celeste López: La concejala de Hacienda de Telde ve «inadmisible» que tener dinero en un banco debido al techo de gasto cuando podía estar dinamizando la economía y creando empleo. «No pedimos nada extraordinario, los ayuntamientos son mayores de edad», dice.

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