La batalla jurídica contra ley del Suelo «aún no ha empezado»

Santiago Pérez afirmó que el Gobierno de Canarias ha echado las campanas al vuelo en este ámbito sin ninguna justificación, lo que a su juicio pone de manifiesto «su inseguridad» respecto al futuro de la ley del Suelo.

Añadió Pérez que el Ejecutivo regional se permite decir que Bruselas respalda la citada norma, cuando lo que se ha emitido es un informe de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea a petición del Parlamento comunitario, es decir, un procedimiento de naturaleza «exclusivamente parlamentaria».

Este trámite proviene de la denuncia interpuesta al comité de peticiones por la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible y que redactó en su momento Santiago Pérez, que es uno de los asesores jurídicos de la entidad.

La Comisión Europea remitió el expediente en cuestión a la comisión parlamentaria especializada en medio ambiente, prosiguió Pérez, quien explicó que se trata de un órgano político de mayoría conservadora y por lo tanto bastante partidario de la desregulación, lo que coincide con la filosofía de la ley del Suelo.

Por lo tanto consiste en un procedimiento parlamentario promovido por la propia Plataforma, que a su vez puntualiza que «las garantías» en esta materia no residen en los órganos parlamentarios o políticos, sino en los tribunales.

Pérez, que agradeció el recurso de inconstitucionalidad presentado por Podemos en las Cortes, indicó que a partir de ahora las garantías sobre la legalidad o no de la ley del Suelo deberán solventarse en los tribunales, los primeros los españoles, a los que se podrá recurrir los reglamentos de desarrollo y los planes que emanen de la norma.

Además si la legislación canaria contradice la europea en materia de medio ambiente la justicia impedirá aplicar sus directrices, expuso Santiago Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna.

Esto implica que las vías abiertas están radicadas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el Tribunal Constitucional español, sostuvo Pérez, quien apuntó que estos son los retos que tendrá que afrontar la ley canaria del Suelo «porque las garantías están en los tribunales y la batalla no ha empezado aún a escribirse».