El Pacto por la Vivienda echa a andar sin presupuesto previo
El presidente del Gobierno califica de «hito histórico» la firma del documento con una treintena de organizaciones sociales e instituciones políticas. El consejero de Obras Públicas resalta que la formalización del acuerdo es el «primer paso» para cumplir con los objetivos marcados
La firma del primer Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna tuvo lugar ayer con la solemnidad propia de un «hito histórico», tal y como lo definió el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres.
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A los asistentes -representantes de una treintena de organizaciones sociales y empresariales, a los que se sumaron dirigentes políticos e institucionales- se les repartió el documento, que plasma los ejes y los objetivos del pacto. Sin embargo, el capítulo de financiación es el más corto dado que remite a la «memoria económica del próximo Plan de Vivienda», en la que se «contemplarán los compromisos presupuestarios necesarios para desarrollar las líneas estratégicas que conduzcan a la consecución de los objetivos en la política de vivienda».
No obstante, incluye el «compromiso de las Administraciones Públicas, los agentes sociales y las instituciones privadas para incrementar la inversión en vivienda».
Quien sí reclamó la ficha financiera fue la presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Tenerife, Candelaria Delgado. En nombre de los firmantes, señaló que «estamos aquí con la idea de dar los pasos necesarios para que el acceso a la vivienda sea un derecho fundamental y no un mero activo financiero. Para ello debemos contar con una debida ficha financiera para llevarlo a cabo» y no solo, precisó, recursos económicos, sino también de «personal».
Torres recordó que en los Presupuestos de este año, la partida global en vivienda ha aumentado «100 millones de euros, un 20% más».
El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, resaltó que el acto de ayer es el «primer paso para comprometernos todos a la construcción de nueva vivienda pública en Canarias tras ocho años sin construir nada».
En este sentido, el documento contempla, entre otras actuaciones, «ampliar» el parque público», se barajan «permutas de suelo por viviendas», la «promoción» de los planes insulares de vivienda, la suscripción de convenios entre el Gobierno y los ayuntamientos para cesiones de suelo, e incluso, «estudiar la posibilidad de que determinadas viviendas sean aptas para la Reserva Canaria de Inversiones».
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El pacto contiene seis ejes: «garantizar la accesibilidad a la vivienda a través del alquiler social, fomentar y controlar las viviendas de promoción pública, favorecer el acceso a la vivienda de los colectivos con especiales dificultades, en particular los colectivos prioritarios y más desfavorecidos, la rehabilitación con criterios de ahorro energético y cuidado del medio ambiente, la mejora de los procedimientos de adjudicación así como la revisión de los requisitos de acceso a las viviendas protegidas y por último, se aboga por crear redes de colaboración entre los agentes que operan en el ámbito de la vivienda».
Se añade que «la puesta en marcha de los ejes propuestos se nutrirá tanto de los recursos autonómicos previstos para los mismos como de los provenientes de la financiación estatal».
En cualquier caso, el pacto concede un papel «significativo» a las «entidades locales», que impulsarán y desarrollarán los planes municipales de vivienda y suelo para satisfacer las necesidades reales de vivienda de las personas residentes en cada municipio».
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