El nuevo Gobierno comienza por tener el gasto restringido
El órgano que vigila por la sostenibilidad de las finanzas públicas advierte que Canarias tiene un riesgo «alto» de gastar más de lo permitido en virtud de la regla de gasto, e insta al Ministerio de Hacienda a «tutelar» la gestión financiera. También se alerta sobre el incumplimiento de la deuda
Todavía no había pisado la Consejería de Hacienda cuando el también vicepresidente del Gobierno autonómico, Román Rodríguez, se encontró con que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) insta al Ministerio de Hacienda a tutelar la gestión del gasto de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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En el informe del órgano que se encarga de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas se observa un «riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto», aquélla que viene contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria a través de la cual las Administraciones tienen limitada su capacidad de gasto.
La AIReF se basa en los cálculos que hizo Rosa Dávila cuando estuvo al frente de la Consejería de Hacienda para sostener que el gasto se incrementará este año «66 millones, es decir, una décima y media de PIB».
Por un lado, el anterior Gobierno consignó 41 millones para compensar a cabildos y ayuntamientos las rebajas fiscales. Por otro, las «medidas de personal adicionales a las derivadas del Real Decreto-ley 24/2018, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, de 21 de diciembre, que supondrían un mayor gasto de 20 millones en los ámbitos sanitario y educativo». Ello llevará a un crecimiento de los gastos de personal «cercano al 6%» con carácter global.
En cuanto a los ingresos, la AIReF se vuelve a fundamentar en los cálculos de Hacienda para afirmar que el Gobierno dejará de ingresar «120 millones entre 2018 y 2019 -el coste podría ser incluso mayor por una «menor recaudación esperada, se apunta en el documento- tras las bajadas en el IRPF, el impuesto general indirecto canario (IGIC), impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD) y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPAJD)».
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La Autoridad Independiente advierte además que los efectos se pueden agravar dado que el impacto «negativo» de las medidas de rebaja fiscal, «superior al previsto en el informe anterior, anula gran parte del efecto positivo del aumento del fondo de competitividad».
A ello se suma la reducción de fondos estatales al seguir prorrogados los Presupuestos de 2018 y la «no reiteración de ingresos extraordinarios por sentencias»; en 2018 la Comunidad Autónoma percibió 500 millones a través de esta vía, apunta el órgano financiero.
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Todo ello, hará que los recursos disponibles perderán «más de un punto y medio en el producto interior bruto (PIB) regional».
En el informe, se indica que, aunque los recursos «crecerán un 6%, en el conjunto de los recursos se espera una caída del 5%, inferior -añade- a la prevista por la comunidad que computa los recursos del sistema de financiación de acuerdo con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, sin contemplar su actualización».
El riesgo de incumplir con el ratio de la deuda también está en el informe «en tanto se mantenga el actual sistema de fijación de objetivos» presupuestarios, se puntualiza. Y advierte: «si no cumple los requisitos para realizar inversiones financieramente sostenibles, previstas por un importe entre 11 y 15 millones, deberá destinar todo el superávit a su reducción».
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