El Estatuto continúa a la espera del BOE

Diez días después de la histórica aprobación en el pleno del Senado del Estatuto de segunda generación que coloca a Canarias en el siglo XXI en cotas de autogobierno y derechos sociales, la nueva carta magna autonómica sigue sin entrar en vigor a la espera de su publicación el Boletín Oficial del Estado (BOE). Hasta ayer mismo nadie sabía aún con seguridad en qué fecha se va a publicar, más allá de anticipar que será con certeza «en los próximos días». Legalmente no hay un plazo establecido para enviar una ley al BOE una vez ratificada por las Cortes, lo que deja abierta una horquilla amplia que depende en última instancia de la gestión del Gobierno estatal.

El ministerio de Política Territorial y Función Pública -cuya titular, Meritxell Batet, avaló en la Cámara Alta el Estatuto canario como prueba de la capacidad de evolución y reforma del sistema democrático-, adelantó ayer que el texto de la nueva ley está ya en manos del departamento de Relaciones con las Cortes, que depende de la vicepresidenta Carmen Calvo, desde donde será remitido a la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado con la orden de que sea publicado, lo que ocurrirá «con toda probabilidad» en los primeros días de la próxima semana.

Aunque los plazos son siempre indeterminados y varían para cada proyecto legislativo, por norma general el periodo medio desde que una ley obtiene la aprobación definitiva de las Cortes hasta que se publica en el BOE está entre una semana y quince días, pero también pueden ser menos e incluso muchos más, en función de múltiples factores burocráticos.

Si no se especifica nada, las normas tienen habitualmente además un periodo de vacatio legis de 20 días para su adecuación desde que se publican en el boletín estatal hasta que obtienen plena vigencia, pero esto no rige para la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que en su disposición final establece que la ley entrará en vigor «el mismo día de su publicación en el BOE».

Entre los representantes canarios que han participado activamente en la reforma estatutaria a su paso por el Congreso y el Senado, el hecho de que el nuevo Estatuto aún no esté vigente da lugar a valoraciones encontradas. Aunque no se trata de un motivo de especial preocupación puesto que al final va a ser cuestión de unos días más o menos, que «poco importan» tras años de espera, sí despierta cierta extrañeza en algunos casos.

El diputado de Ciudadanos Saúl Ramírez considera que el retraso en la publicación excede de lo normal, y lo vincula a la situación jurídica del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que con la supresión de los aforamientos vería como el caso Grúas vuelve a la justicia ordinaria salvo que sea sobreseído por el TSJC antes de que el Estatuto entre en vigor. «No veo otra explicación», señala, «porque la reforma de aprobó la semana pasada y lo lógico es que ya estuviera vigente», añade. Para el PSOE, sin embargo, no hay nada de anormal en que una ley tarde quince días en publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

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