Canarias7
Loreto Gutiérrez

Negociación para las cuentas de 2018

El Estado rechaza negociar la reducción de las tarifas aéreas

A un mes de que el ministro de Hacienda lleve al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos de 2018 -Montoro ha confirmado su intención de presentarlo en enero-, las aspiraciones de Canarias ya han tropezado con el primer escollo en forma de rechazo del Gobierno de Rajoy a negociar cualquier medida encaminada a abaratar el precio de los vuelos entre las Islas y la Península.

Lo que hasta ahora venía siendo una postura reticente se ha convertido en una negativa rotunda, y así se lo ha hecho saber el Gobierno estatal a distintos miembros del Ejecutivo canario en los recientes contactos oficiosos: no habrá negociación sobre nuevas rebajas de las tarifas aéreas para el año que viene, en ninguna de sus posibles fórmulas, después de que en los Presupuestos de 2017 ya incluyeran el aumento de la subvención a residentes al 75% en los vuelos interinsulares.

El Gobierno considera que los precios de los billetes entre Canarias y la Península ya son muy competitivos por el ajuste del mercado que ha supuesto la incorporación de nuevas compañías y el aumento de frecuencias y rutas -como ha expuesto en más de una ocasión el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna-, y no ve necesario adoptar otras medidas.

Respecto a la propuesta que han planteado conjuntamente Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de elevar la subvención al 75% también para los vuelos a territorio peninsular o bien rebajar las tasas aéreas -o combinar ambas medidas-, el Gobierno estatal las rechaza porque supondrían un coste anual de 400 millones de euros. En el caso de las tasas, el Ejecutivo central entiende además que en pleno proceso de privatización parcial de AENA no hay margen para rebajarlas por debajo de lo que ya lo están en el conjunto de la red de aeropuertos estatales. Por otro lado, la opción de establecer un precio fijo que defiende NC es “inviable” en opinión del Estado porque supondría una injerencia en el libre mercado contraria a la normativa europea.