El Consultivo tumba la nueva ley que CC quiere para las islas verdes

Todas las desprotecciones del suelo rústico y de protección agraria y ambiental que la conocida popularmente como ley de islas verdes incorpora en la versión impulsada por Coalición Canaria (CC) han quedado desbaratadas por el Consejo Consultivo.

En el dictamen, aprobado por unanimidad, se echa por tierra prácticamente todos los artículos propuestos y hasta la exposición de motivos se cuestiona puesto que «en puridad, se trata de una nueva ley que va más allá de la simple reproducción de preceptos existentes», tal y como correspondería a la «refundición» de textos legales que dice pretender.

En la mayoría de los casos, el Consultivo advierte que no cualquier actuación se puede permitir en suelo rústico, como establecen muchos de los artículos de la Proposición de Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, so pena de vulnerar el marco legal y la Constitución.

En concreto, para poder convertirse en turísticos los establecimientos alojativos de menos de 40 plazas que se levanten sobre este tipo de suelo al margen de su antigüedad -artículo 4-, o poder implantar «sin ninguna restricción» vivienda de alquiler vacacional -artículo 6-, todo ello debe de quedar restringido a que se «cumplan las condiciones establecidas para la respectiva categoría de suelo rústico».

Con condiciones. Lo mismo sucede al regular en el artículo 10 los instrumentos de planificación insular turística. Así, el Consultivo señala que «la ejecución de los equipamientos insulares estructurantes turísticos requiere que reúnan las condiciones establecidas por la normativa aplicable para cada categoría y clase de suelo en el que se vaya a llevar a cabo para que con ello, dicho precepto no sea contrario a la doctrina constitucional».

De igual modo, la institución que preside Pablo Matos, advierte que «la proposición de ley no recoge las cautelas» establecidas en la Ley del Suelo respecto de la planificación insular turística. Recuerda que «los proyectos de interés insular o autonómico solo podrán afectar al suelo rústico de protección ambiental cuando no exista alternativa viable y lo exija la funcionalidad de una obra pública, y de forma excepcional y únicamente -subraya-, para proyectos de iniciativa pública cuando se trate de suelo rústico de protección agraria».

En el dictamen, se alude en varias ocasiones a tener en consideración la legislación en materia ambiental, dado que la propuesta auspiciada especialmente por el presidente del grupo parlamentario Nacionalista, Antonio Castro, la elude.

Ocurre al pronunciarse sobre el mismo artículo 10, cuando en la proposición de ley se indica en uno de sus apartados que «la falta de emisión de los informes -ambientales- no interrumpirá la tramitación del procedimiento».

«Se ha de ser sumamente cauto en la redacción del precepto para evitar toda contravención a la legislación ambiental», observa el Consejo Consultivo. De igual forma, para el artículo 9 que regula el planeamiento insular, se llama la atención sobre que éste «deberá contener un adecuado diagnóstico ambiental» y además, «con el grado de detalle establecido en la Ley 42/2017» de Patrimonio Natural y Biodiversidad que es «norma de carácter básico».

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