Canarias7
Bárbara Hernández

Polémica a costa de los chiringuitos

Las Palmas de Gran Canaria

En 2013, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la nueva Ley de Costas y al año siguiente el Reglamento que la desarrolla. Sin embargo, Madrid ha decidido esperar a este mes de agosto para clausurar las actividades «de temporada» que se desarrollan en su suelo hasta que los respectivos ayuntamientos convoquen los concursos pertinentes para volver a licitarlos.

Durante años, los negocios ubicados en dominio público habían logrado permiso de Costas para diversas actividades bajo la figura de «servicios de temporada» que se les concedía con carácter excepcional, sin concurso público, y con una duración de un año y renovable. En este ejercicio, el Estado ha decidido acabar con esta situación y ha ordenado el cierre de los negocios en su suelo y se ha dirigido a los ayuntamientos afectados para saber qué servicios quieren licitar.

En el caso de Arona, son, según el Ayuntamiento, una decena de negocios -chiringuitos de playa, alguna escuela de surf y un negocio de juegos acuáticos. Para la Corporación se trata de una medida «razonable» que establece la libre concurrencia a través de unos pliegos que permiten exigir unos estándares de calidad e incluso estéticos, además de ofrecer un marco de seguridad jurídica a empresarios y trabajadores. En Arona confían en que las licitaciones se vayan produciendo en las próximas semanas.

Agrega el Consistorio que entiende la posición de los empresarios, pero «como administración buscamos la mejor solución ante una decisión que no es nuestra, sino de Costas».

Menos comprensivos se han mostrado los empresarios de Tenerife, ya que afecta fundamentalmente a dos de sus grandes municipios turísticos -Adeje y Arona-, mientras que la patronal turística de Las Palmas -que en principio no se ve afectada por esta iniciativa pero sí por la «rigidez administrativa- se ha solidarizado con sus compañeros y demandan sobre todo «diálogo» y «sentido común» que permitan cumplir la ley, cuidar las playas y mantener la actividad turística en pleno verano. Esto se produce además en un verano en el que han resurgido los problemas en Corralejo (Fuerteventura), con los water taxis por problemas y que se han saldado con multas de Costas de hasta 3.000 euros a los propietarios de estas embarcaciones.

La problemática en Gran Canaria es diferente -San Bartolomé tiene el componente añadido de que cualquier iniciativa debe tener en cuenta que sus playas están incluidas en la Red Natura 2000 y debe contemplar mayores requisitos que cualquier otra zona del litoral para los servicios de temporada- y los servicios municipales de sombrillas y hamacas salen a subasta. El concejal de Atención y Cuidado del Litoral, José Carlos Álamo, coincide con los empresarios en la necesidad de establecer un diálogo entre administraciones y agilizar los procedimientos burocráticos.

En cualquier caso, demanda que además de agilidad se unifiquen los criterios que determinen las actividades y eventos en las playas. Como ejemplo, señala que en Maspalomas o Playa del Inglés no se pueden celebrar bodas -actos que están permitidos en otras islas- aunque «son un complemento interesante y no dañan el entorno». Subraya Álamo que «las playas son nuestra joya de la corona y tenemos que compatibilizar otorgarles la máxima conservación ambiental con saber sacar rédito a lo que tenemos».

Para la Delegación del Gobierno ha sido «imposible» que un representante de Costas detallara los pormenores de la norma.

«No se puede ser tan rígido»

Las patronales turísticas de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife coinciden en aplaudir las medidas de protección medioambiental pero demandan «más flexibilidad y diálogo a la hora de aplicar las normas. No se puede ser tan rígido».

Así, para el gerente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Juan Pablo González, «es inexplicable que Costas haya elegido agosto» para proceder al cierre de las actividades en la costa. «Si el uno de agosto hay irregularidades o deficiencias, también las habría en abril o en noviembre», indica. Ahora, afirma, «además de 54 trabajadores afectados, tenemos playas sin servicios» tras el cierre de nueve negocios en Arona y tres en Adeje.

A pesar de que la situación les afecta «como famila turística», González señala que «si ha habido diálogo entre las administraciones para intentar acuerdos, a nosotros no nos han llamado». En cambio, las cuatro asociaciones de empresarios turísticos de Canarias pidieron una reunión con el responsable de Costas pero después de semanas esperando les han convocado a dos reuniones diferentes, por provincias.

Ashotel ha pedido las competencias de Costas para el Archipiélago «no por un pataleo» sino porque entienden que en Madrid se toman decisiones «sin sensibilidad turística». González agrega que «si somos mayores de edad para decidir sobre Sanidad o Educación, ¿por qué no sobre nuestro litoral?».

Aunque las costas de Gran Canaria no se han visto afectadas por esta polémica, los empresarios de la isla se han solidarizado con sus compañeros de Tenerife y reclaman a Costas mayor agilidad para «solucionar los problemas que frenan las actuaciones en el litoral canario». El vicepresidente de la Feth, Tom Smulders, no duda sobre la potestad de Costas pero mantiene que el momento elegido para intentar poner orden en las playas «es malo y poco entendible».

Considera que la solución debe venir del «diálogo y el sentido común» e indica que los empresarios son conscientes de la necesidad de proteger las playas, pero sienten que las respuestas de Madrid están alejadas de la realidad o son demasiado lentas. Como ejemplo, cita que en la Punta de Maspalomas, las mareas del invierno han dejado un dique de piedras que impiden el paso «y Costas no deja tocar nada». «No queremos bloquear ni hacer locuras, aplaudimos todas las actuaciones de protección, pero no se puede ser tan hermético ni rígido»