428,4 millones en subvenciones sin justificar hasta mayo de 2019

El Gobierno autonómico tiene anotados hasta mayo del año pasado 428,4 millones de euros en subvenciones que no ha podido justificar todavía de las que ha concedido a organizaciones y particulares, así como ayudas monetarias abonadas a cabildos y ayuntamientos.

La cantidad figura en el informe de fiscalización que ha realizado la Audiencia de Cuentas en el que se analiza el estado en el que se encuentra este tipo de gasto hasta el 2 de abril de 2018, aunque el documento incorpora los últimos datos disponibles, es decir los de mayo de 2019 aunque no formen parte de su investigación.

Así, lo fiscalizado se basa en los datos manejados por la Intervención General hasta febrero de 2018, que sitúa la cifra pendiente de justificar correspondiente a subvenciones y aportaciones dinerarias en 453,8 millones, lo que supone 25,4 millones menos que la cuantificación más reciente.

Los técnicos de la Audiencia de Cuentas han tenido que hacer un trabajo de cirugía puesto que el Gobierno de Canarias utiliza dos aplicativos informáticos para los expedientes de las subvenciones y, en muchas ocasiones, no casan los datos. Pese a ello, se ha llegado a la conclusión de que, por una parte, a lo largo del tiempo, se han «extraviado» algunos de estos expedientes por los cambios de consejerías llevadas a cabo por los distintos gobiernos y por otra, hay generados derechos pendientes de cobro que están efectivamente prescritos por lo que «se podrían deducir indicios de responsabilidad contable».

Esto último sería aplicable a los 10 expedientes del año 1996 acumulados en el Servicio de Ordenación Turística que se encuentran con resolución de prescripción. O al 75% con «prescripción indiciaria» correspondientes, en su gran mayoría, a las antiguas escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio, que se encontraban pendientes de justificar en la Subdirección de Formación del Servicio Canario de Empleo.

Entre los expedientes que se dan por ilocalizables y además prescritos, se mencionan cinco iniciados por el Servicio Canario de Salud que suman 180.945 euros perdidos definitivamente. También, los 217 expedientes correspondientes a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración con una pérdida total de 464.672 euros. Lo mismo con los 16 expedientes de la Dirección General de Cultura por valor de 241.202 euros.

Tampoco son desdeñables los más de 28 millones en aportaciones dinerarias que han recibido los cabildos y sus organismos dependientes del Gobierno que permanecen sin justificar hasta mayo de 2019.

De hecho, la Audiencia reprende a las corporaciones locales en su informe al «enfatizar en el hecho de que el carácter público de los beneficiarios hace que éstos deban ser aún más escrupulosos con el cumplimiento de los requisitos concesionales».

La institución que preside Pedro Pacheco sostiene que la recuperación de estos millones es prácticamente «inviable» dada la antigüedad de los saldos.

Pese a ello, el número de sanciones tanto a las Administraciones Públicas como a los privados que no han justificado las ayudas ha sido «muy reducido»: nada por parte de la Dirección General de Universidades, ACIISI, consejerías de Sanidad, Obras Públicas y Transportes, Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Turismo, Cultura y Deportes, ni por el Instituto Canario de la Vivienda.

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