El compromiso adquirido por los partidos que acordaron la reforma electoral canaria aprobada el martes en el nuevo Estatuto de Autonomía contempla aplicarlo en mayo de 2019. La tentación de posponer su entrada en vigor con argucias lo serán de forma torticera y va en contra del propio espíritu de la reforma y del anhelo de renovación democrática, de cambio de las reglas básicas que permitan ponderar el voto de forma más justa y equitativa. Una vez aprobado el Estatuto por las Cortes Generales, los canarios tenemos el derecho a votar según las nueva norma, aunque ésta perjudique a algún partido político y beneficie a otros.
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El avieso enredo político en torno a esta cuestión ya es un hecho. Las discrepancias sobre los mecanismos legales para poner en marcha la reforma electoral manifestadas por los portavoces de los partidos, el mismo día en el que se aprobó el nuevo Estatuto en el Senado, no parece que respondan a la prudencia, sino a posibles oscuras intenciones encaminadas a posponer en el tiempo la entrada en vigor de la reforma. La experiencia histórica con este asunto indica que las dilaciones funcionan en Canarias como mecanismos para perpetuar situaciones injustas y poco democráticas. Treinta años ha funcionado el obsoleto sistema electoral canario que consagró la triple paridad introducido como apéndice del ya derogado Estatuto de Autonomía.
Hoy, con un flamante Estatuto que otorga cierta mayoría de edad a la autonomía, debe seguir imperando la altura de miras política para que, de una forma o de otra, se pongan en marcha los mecanismos necesarios para desarrollar la ley o decreto instrumental que permita a los canarios ejercer el derecho a votar tal y como recoge una ley de rango orgánico.
Coalición Canaria, partido al que más ha beneficiado la triple paridad y que más se ha opuesto a esta reforma, ya adelantó que debe ser el Parlamento de Canarias el que ponga en marcha el nuevo sistema electoral a través de una ley, lo que supondría una tramitación larga en engorrosa que no garantiza a los canarios el ejercicio de su recién estrenado derecho y prolongar en el tiempo la triple paridad, el sistema más apreciado y defendido por Coalición Canaria.
En la misma tesitura está el virtual socio de gobierno de los nacionalistas. El Partido Popular también es partidario de una tramitación en el Parlamento de Canarias, que parece lo más razonable, pero también la excusa perfecta para hurtar a lo canarios el derecho a votar en las nuevas ocho circunscripciones. Con la postura de estos dos partidos la tramitación de una ley en el Parlamento de Canarias se adivina tortuosa porque el propio Estatuto deja abiertas varias cuestiones, entre ellas la posibilidad de elevar a 70 el número de diputados, una cuestión razonable que se convertirá, de nuevo, en arma arrojadiza de la política más populista en la que, desde hace algún tiempo, está instalada parte de la política canaria y que permitirá burlar a los canarios este nuevo derecho.
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Nueva Canarias, el partido que más empeño ha puesto en reformar el sistema electoral, ha apuntado otras vías: un decreto, una reforma puntual del régimen electoral de 2004 o una decisión de la Junta Electoral. No parecen vías razonables, aunque posibles y legítimas ante la sospecha sobre las intenciones de CC y PP, que flotan en el ambiente como fantasmas. La búsqueda de alternativas que permitan poner en marcha el derecho aprobado en las Cortes para los canarios justifica las alternativas.
Si se impone la honradez con el proceso de impulso democrático iniciado con la reforma del Estatuto, que incluye la reforma Electoral, es el Parlamento de Canarias el órgano que de forma eficaz debe garantizar a los canarios votar conforme a la nueva normativa en mayo de 2019, lo de más, la carajera para impedirlo, solo acrecentará el desprestigio de la política, de la canaria en particular, que después de un logro de esta envergadura empantana el derecho de los ciudadanos con cuitas y fintas legales y políticas.
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