El mismo Gobierno que, cuando se inventó el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), justificó inicialmente que el reparto del dinero procedente del extinto Impuesto al Tráfico de Empresas se hiciera siguiendo los criterios de la triple paridad, no está legitimado para desautorizar que ahora se critiquen los presupuestos autonómicos de 2018 por el hecho de que hay un evidente desequilibrio inversor en favor de la isla de Tenerife. Los argumentos, si de verdad, se cree en ellos, valen también para su empleo por terceros, de manera que no ha estado muy acertado el Gobierno de Fernando Clavijo -empezando por el presidente y siguiendo por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, con sus explicaciones, que bordean incluso la descortesía al insinuar que las quejas del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, eran consecuencia de que no sabía leer las partidas presupuestarias en su conjunto-.
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Por si fuera poco, llega al Parlamento el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y desdice -o desautoriza, como prefieran- a la titular de Hacienda, al señalar que la asignación por islas no se hizo atendiendo a los criterios de población y superficie, sino a las necesidades de cada isla, tras escuchar previamente las peticiones de sus cabildos insulares. Esa interpretación sí obedece a una lógica política, pero sobre la marcha hay que hacer una precisión: cuando esas necesidades derivan de la ineficacia de un tercero en la gestión, habrá que contar con las debidas garantías de que el mejor trato presupuestario va acompañado de la solución de los problemas. Lo decimos con la vista puesta en el estrangulamiento que efectivamente sufren algunos puntos de las carreteras de Tenerife, pero que son fruto de una desastrosa planificación del crecimiento que ha sido y es competencia, en todo caso, del Cabildo y de los ayuntamientos. Un Cabildo que quiere, además, el control absoluto del dinero autonómico para sus carreteras, de manera que primero es parte del problema y ahora trata de convencernos de que solo él puede resolverlo.
Con contradicciones como las anteriores, el Gobierno alimenta la sensación de que, tras el discurso de la cohesión regional, se esconde una reedición de aquella hora de Tenerife que tanto daño hizo a Canarias como espacio de unidad. Volver a esa senda es retroceder dos décadas y dar la razón a los que sostienen desde hace años que el nacionalismo de CC no es otra cosa que el insularismo de siempre maquillado por la conveniencia electoral.
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