Creíamos que lo vivido con Bankia no volvería a suceder y menos en un período de tiempo tan corto como cinco años. Dábamos por hecho que lo que había pasado con la entidad presidida por Rodrigo Rato, como la pérdida de dinero por parte de los accionistas y el maquillaje que se dio a sus cuentas con el visto bueno de los supervisores -el Banco de España, en su salida a bolsa para captar el dinero de sus clientes, no ocurriría más. Pensábamos que el entorno era ahora más seguro pero nos equivocamos. Al caso Bankia se suma ahora el caso Popular.
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La entidad, ya desaparecida, pasó en solo un año y como por arte de magia de valer 6.000 millones a ser inviable y costar cero euros; bueno, un euro, que fue el precio de venta al Santander.
La mala gestión de los últimos meses y semanas aceleró, sin duda, su caída mientras que los supervisores y el propio Gobierno de España miraban para otro lado y aseguraban que el banco era solvente y no tenía problemas ni de liquidez ni de solvencia. Resultado: los grandes fondos e instituciones lograron escapar a tiempo mientras que 300.000 pequeños accionistas quedaron atrapados y han perdido su dinero en virtud de la normativa europea que se aprobó en 2014 para crisis financieras y que se ha estrenado con el Popular. Para evitar inyecciones públicas en entidades financieras Europa decidió que fueran los accionistas, como propietarios del banco, quienes asumieran el coste de su insolvencia.
El Santander ha anunciado que estudia una salida «airosa» para los accionistas pero solo para aquellos que acudieron a la ampliación de capital en junio del pasado año y que compraron «engañados» y en base a unas cuentas que no eran reales. Al resto no le va a quedar más remedio que recurrir a la vía judicial.
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