El diputado del Común, Rafael Yanes, hizo entrega del informe anual correspondiente a 2018 a la presidenta del Parlamento Carolina Darias. Es el primero de Yanes en su mandato que arrancó a mediados del curso anterior, por lo que naturalmente asimismo se hace cargo en el balance de los últimos meses de Jerónimo Saavedra como responsable. La principal novedad es el aumento considerable del número de quejas: nada más y nada menos que un incremento del 21% en relación a 2017; al margen de las actuaciones y la atención a la ciudadanía que se despliega en la labor diaria tanto en la sede como en las oficinas insulares.
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Yanes se propuso mostrar el informe anual de 2018 antes de que se disuelva el Parlamento y defenderlo ante el mismo primero en comisión y finalmente ante el Pleno. Podía no haberlo hecho (la ley reguladora del Diputado del Común establece como plazo hasta el 30 de mayo para presentarlo) pero prevalece el principio ético (y de correspondencia) de deberte precisamente al poder legislativo que te nombró al calor de la renovación de los órganos parlamentarios. Es lo suyo.
Con todo, hay una tónica invariable en el informe anual por el que rinde cuenta el Diputado del Común ante la Cámara: se trata de una radiografía social de Canarias. Porque detrás del quehacer jurídico que prevalece en la institución de velar por la defensa de los derechos fundamentales y de configuración legal, subyace una clara mirada social empática que clama ser atendida. Y justo ahora que empieza la campaña electoral se antoja un documento idóneo para que los diversos partidos políticos tengan a su alcance una herramienta más para encarar los retos que tiene el archipiélago por delante y que urgen ser subsanados en la medida de lo posible. A fin de cuentas, el defensor canario debe hacer equilibrios complejos por garantizar el ordenamiento jurídico donde no siempre el afectado dispone de la razón y, en ocasiones, procede advertir que el obrar de la Administración de turno sí fue de acuerdo a la ley.
Estamos ante un mapa que aborda los servicios públicos esenciales que constituyen los cimientos del Estado del Bienestar y lógicamente destinando una cantidad elevada de recursos. Ámbitos que conciernen de plano a la sociedad en el día a día más allá de las dificultades presupuestarias de la Administración en ciertos campos. Yanes, que atesora la experiencia de haber sido alcalde entre otras funciones como servidor público, conoce la dificultad que implica resolver ciertos problemas donde concurren intereses contrapuestos. El empeño lo merece porque el Diputado del Común es el último reducto a favor del ciudadano que cuando apela a la puerta de la institución parlamentaria suele venir maleado y cansado del desamparo y frustración ante la ventanilla del consistorio, cabildo o consejería de marras. Es una misión, en suma, de calado democrático.
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