Canarias7
Manuel Mederos

La arista

Un butrón a la democracia

Si un Gobierno traspasa los límites de la ley con argucias torticeras para eliminar los controles democráticos y conseguir sus objetivos coloca directamente un pie más allá de esa delgada línea que lo separa del populismo. Usar un real decreto para cambiar una ley orgánica constituye tal disparate jurídico y democrático que no tiene pase alguno y que, de haberse consumado, amenaza con erosionar gravemente los pilares democráticos, la ley y los contrapoderes elegidos libremente por los ciudadanos.

El acuerdo entre el PSOE y Podemos para bloquear la mayoría del PP en el Senado y lograr superar el veto al techo de gasto es una argucia grosera con los procedimientos que merece todos los reproches. El primero jurídico, por tratar colocarse al borde de la ilegalidad, o en ella directamente. Los expertos en Derecho Constitucional señalan, sin lugar a dudas, que el Tribunal Constitucional estableció con claridad que el decreto ley es un procedimiento legislativo que no puede utilizarse para modificar una ley orgánica de este tipo. Eliminar por decreto ley el papel que la legislación vigente atribuye al Senado en la aprobación del techo de gasto es un auténtico fraude constitucional.

Si el Gobierno hubiese optado por esa vía, sería liándose la manta a la cabeza, porque sabe que el Constitucional puede tardar años en dictar una sentencia que establezca la inconstitucionalidad del decreto, pero abriendo un butrón en la arquitectura democrática de este país.

El segundo, y el más importante, e es el argumento democrático. Un Gobierno con una exigua mayoría no puede acogerse a recovecos legales, más propios del chavismo y de las dictaduras que han surgido de democracias, para ejercitar el poder. El poder político, en democracia, -en nuestra democracia-, tiene límites muy claros y los determinan los ciudadanos eligiendo a los diputados y senadores. Además se concretan en leyes con grados distintos, unas aprobadas por mayorías muy cualificadas, como las orgánicas, que no pueden ser cambiadas por minorías y mucho menos con argucias jurídicas poco sanas. La lógica democrática impone la separación de poderes y los contrapoderes, como el que hoy ejerce el PP en el Senado, y que de ser cambiado debe hacerse a través de elecciones.

Entiendo que Podemos esté en esa tesitura. «Acabar con el resquicio de poder que le queda al PP», decía Echenique, dispuesto a cargarse la legalidad sin pestañear, con absoluta normalidad. No me extraña. Sólo cree en la democracia como medio, como instrumento, no como sujeto de la vida pública, como activo que garantiza la pluralidad y la libertad que se concreta en los procesos y garantías legales. Pero que los socialistas hayan acordado este proceso ha provocado inquietud dentro del partido. «No somos chavistas», decía un socialista ayer en una de las muchas tertulias que abordaron el tema. El PSOE no puede transitar por esa senda y poner en peligro la calidad democrática de este país.

Sin embargo, a última hora y escuchadas las advertencias legales, las quejas de su propio partido y las opiniones de los expertos constitucionalistas que alertaban de un posible fraude de ley, así como la batalla jurídica anunciada por el PP, Pedro Sánchez se veía obligado a acudir a la vía ordinaria de reforma y presentar ayer, a través del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, una proposición de ley. Un largo y tortuoso camino, pero es el que se debió seguir para evitar el tonteo con el maximalismo que pone en peligro los procesos democráticos, la legalidad, única garantía de los ciudadanos ante los desmadres de unos o de otros.

Por muchos odios que despierte en los progresistas el PP. Por muchos deseos de que triunfe la izquierda. Por muy justas que sean las criticas y las reivindicaciones. Por mucho que argumentemos, una cosa es sacar a Franco de su tumba con un real decreto, y otra muy distinta tratar de cambiar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.