Antes de fin de mes, más de 300 millones de euros empezarán a correr por las calles de Canarias como barranco cuando rebosan las presas. En total, en el conjunto del país, se liberarán más de 5.000 millones de euros. El Estado va a permitir que las corporaciones locales (ayuntamientos y cabildos) se gasten los ahorrillos que han ayudado a contener el déficit nacional, por mucho que la cosa siga malita. En la práctica, será un nuevo plan Zapatero, aquella fórmula que inyectó hace una década cantidades similares en obras de dudosa urgencia por todo el territorio patrio. A un año de las elecciones locales, ya se huele la fiesta.
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El pacto de los alcaldes con Montoro consiste en evitar esos daños colaterales, también considerados disparates, que entonces quedaron evidencia. Por ejemplo, el empleo. Gran parte del dinero aportado entonces pretendía generar empleo sostenible, pero la realidad lo interpretó de otra manera. El caudal de millones apenas generó el camuflaje suficiente para amortiguar el golpe, forraje que reforzó la dependencia de los contratos basura en muchas familias sin otra alternativa que algún subsidio de emergencia. En lugar de ensanchar los horizontes, se amplió el pesebre.
El acuerdo no permite cubrir las vacantes que han vaciado las plantillas de funcionarios en los municipios en estos años. De esta forma, la alegría sólo alcanzará a las contratas externas y a obras de inauguración prominente, carroña en víspera electoral. Una administración más débil para una mayor actividad financiera alrededor de servicios públicos, con la emoción que eso aporta en las cloacas.
A la tarta sólo están invitadas las corporaciones saneadas, las más pobres tendrán que seguir pidiendo limosna. Receta similar se aplicó en Italia, vean los resultados. Luego, cuando jubilados, parados o mujeres hartas empiecen a dar patadas en las urnas, vendrán los lamentos por la izquierda y por la derecha. Como si en estos años no hubiesen aprendido nada.
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