Pensiones: punto y aparte

El PNV se ha apuntado un tanto al conseguir que el Gobierno español rectifique en torno a la subida de las pensiones; aunque aún esté por ver si se aprueba o no el Presupuesto 2018. Es la segunda modificación que realiza en muy poco tiempo el Ejecutivo, que ha pasado de insultar a los privilegiados pensionistas -aunque Rafael Hernando, su portavoz en el Congreso de los Diputados, volvió estos días a la carga, con su habitual sutilidad, solicitando que se manifestaran para dar las gracias a Rajoy- a establecer inicialmente un incremento que solo afectaba a las pensiones más bajas y a las de viudedad.

Alguno dirá que los nacionalistas vascos han tratado de resolver en buena medida el problema que tienen en su propia casa. El lugar donde las manifestaciones han tenido mayor presencia de gente y continuidad, todos los lunes, es precisamente Bilbao. Y ello a pesar de que la pensiones en Euskadi, fruto de su estructura económica, del mayor peso del sector industrial frente a los servicios, son notablemente superiores a la media estatal.

En el caso de las de jubilación alcanza los 1.335 euros mensuales, es decir 250 por encima de la media española y más de 300 si lo comparamos con Canarias. Y 445 euros superior a la de Extremadura, la más baja del conjunto de las comunidades autónomas.

En todo caso, junto a sus llamadas a acabar con la aplicación del artículo 155 en Cataluña y la inmediata vuelta a la normalidad del hoy suspendido autogobierno, así como sus lógicas exigencias para su territorio, que ya el pasado año dieron un buen respaldo al cupo vasco, además de distintas inversiones en infraestructuras, los de Urkullu han sido capaces de impulsar una petición social de gran calado que afecta a hombres y mujeres del conjunto del Estado.

Quitando, además, argumentos a algunas de las críticas centrales de Unidos Podemos y PSOE a las cuentas públicas que podrían aprobarse dentro de un mes.

Empleados públicos. Y con la virtud de añadir un amplio colectivo, el de los pensionistas, más de 9,5 millones y medio de personas en sus distintas modalidades (de los que 5,9 corresponden a las de jubilación) al otro gran beneficiado de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018: los empleados públicos, algo más de 2,5 millones, que verán incrementadas sus nóminas en este y en los próximos ejercicios.

No creo que estas medidas contribuyan a salvar electoralmente a un PP metido en una profunda crisis por méritos propios, como hemos visto recientemente en la Comunidad de Madrid y en su penosa gestión del caso Cifuentes, pero, sin duda, le ofrecen un significativo respiro. A los conservadores en absoluto les interesa una situación, como el bloqueo de las cuentas públicas estatales para 2018, que les pueda llevar a unas inevitables elecciones generales anticipadas en las actuales circunstancias. Pero, repasando los distintos sondeos publicados en estos primeros meses de 2018, tengo la impresión de que tampoco a UP ni al PSOE les vendría nada bien ese adelanto de las urnas.

También sospecho que muchos presidentes socialistas de comunidades autónomas (así como muchos regidores municipales de los más diversos colores) prefieren, aunque no lo expliciten, que haya cuentas públicas, frente a la alternativa de una prórroga de las actuales. Porque significan un notable incremento de las partidas presupuestarias, siempre necesarias para el funcionamiento y prestación de servicios por parte de las administraciones, pero aún más cuando nos encontramos a un año de la celebración de los comicios autonómicos y locales.

Al final, los hombres y mujeres pensionistas han logrado que en este y en el próximo ejercicio se tenga en cuenta el IPC a la hora de actualizar la cuantía de las pensiones y, por lo tanto, no pierdan poder adquisitivo. Y, asimismo, y no es menos importante, se produce un mayor incremento respecto a las pensiones más bajas y las de viudedad, lo que contribuye a mejorar la equidad.

Brecha. Falta, como he señalado en otras ocasiones, la búsqueda de fórmulas que permitan incrementar las pensiones a las mujeres, notablemente inferiores a las de los hombres. Con los datos de este mes de abril, la media de las de jubilación es de 1.152,55 euros mensuales para los hombres y 729,52 para las mujeres, es decir, una brecha de 423 euros.

Además de las subidas para 2018 y 2019, el acuerdo entre el PNV y el Gobierno del PP hace que se aplace hasta 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, que liga las futuras pensiones a la evolución de la esperanza de vida en España. Rebajando su cuantía si la esperanza de vida crece.

Pero no nos encontramos ni mucho menos ante un punto y final en el tema de las pensiones. El asunto no está, ni mucho menos, solventado. Estas tienen que ser abordadas de forma integral no en unos concretos presupuestos, sino en el marco del Pacto de Toledo. Para establecer, una hoja de ruta nítida, un acuerdo que garantice su sostenibilidad y que las mismas respondan a las necesidades de una sociedad que pretende alcanzar altos niveles de equidad.

Las cifras están ahí. Solo en este mes de abril, según los datos ofrecidos recientemente por la Secretaría de Seguridad Social, las pensiones contributivas han supuesto más de 8.965 millones de euros; con la medida de incremento anunciada se situará en torno a los 9.100 millones mensuales, cifra que será superior en los meses en que se incluyen las pagas extras. El progresivo envejecimiento poblacional unido a la actual estructura salarial, a la enorme precariedad y, por tanto, a las bajas cotizaciones, obliga a reflexionar sobre el presente y el futuro. Y obliga, igualmente, a la urgente toma de decisiones que garanticen la continuidad, en condiciones dignas, sin discriminaciones de género, sin abismos territoriales, de este elemento esencial del estado del bienestar.

Probablemente al final no quede otra alternativa que complementar su financiación vía presupuestos públicos. Y ello obliga a hablar sin tapujos de fiscalidad, de progresividad de la misma, de persecución contundente de los elevados niveles de fraude. Sin incrementar los actuales ingresos resultará imposible abordar los grandes retos de los servicios públicos y de la sostenibilidad de las pensiones.

Y España no constituye, precisamente, un ejemplo ni en su estructura fiscal ni en su esfuerzo por lo público, ambos situados muy por debajo de los estados de nuestro entorno sociopolítico y a años luz de los eficientes países nórdicos. En este ámbito, con tacto impacto en la calidad de vida, queda mucho por hacer.